La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Mabel Cabrer, ha explicado que su grupo ha registrado 13 enmiendas a los Presupuestos de la CAIB para 2013, 12 de ellas relativas al articulado, seis de modificación y seis de adición, y una a la sección presupuestaria. Cabrer ha destacado que del paquete de enmiendas presentado por los populares, tres de ellas modifican 3 artículos (letra a del artículo 2.1, artículo 19.1 y el apartado 1 del artículo 19) por las cuales el Govern se ha visto obligado a rebajar en 19 millones de euros la previsión de ingresos del Proyecto de ley de presupuestos debido a un error material del Gobierno central. Así, la parlamentaria ha explicado que se presupuestó dos veces la cantidad prevista sobre el impuesto de hidrocarburos. “Es por ello que Vicepresidencia necesita corregir el error material en el cálculo de las previsiones de ingresos relativas al antiguo impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, la parte estatal de la cual no formaba parte de las entregas a cuentas anuales”.
Asimismo, la portavoz ha aseverado que esto implica que la previsión de ingresos del tramo estatal que se había hecho inicialmente, a parte de las entregas a cuentas para el año 2013, provoquen duplicidad en la previsión de este ingreso, “hecho que exige reducir las previsiones de ingresos del capítulo 2 además de incrementar la previsión de ingresos del capítulo 9, que se garantiza gracias al margen de maniobra del Govern, por lo que esto no implicará nuevos ajustes y será absorbido por el déficit”. “Este error de la administración central se ha producido también en otras ocho comunidades autónomas”, ha añadido la popular.
Según Cabrer, Vicepresidencia ya previó un margen por posibles contingencias como lo demuestra el cuadro de consolidaciones fiscales del Proyecto de ley.
La portavoz también ha explicado otra de las enmiendas registradas relativa a las medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal laboral al servicio de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma. “Se trata de equiparar las condiciones laborales y retributivas tanto de los funcionarios de carrera como los empleados de las empresas públicas”, ha afirmado Cabrer.
Otra de las enmiendas del GPP hace referencia al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 161/2012 del 20 de diciembre, relativa a la deducción autonómica que hacen las comunidades autónomas para el fomento de la auto ocupación. En este sentido, la sentencia dice que no es competencia de las comunidades aplicar esta deducción por lo que el Gobierno central ha pedido, a través de un escrito a la Dirección General de Relaciones Institucionales, que se adopten las medidas necesarias oportunas, que “no pueden ser otras que la derogación de dicha deducción autonómica”.
