Representantes de las industrias de alimentación, bebidas, distribución y del sector del reciclaje han mostrado este lunes su "total rechazo" al impuesto para los envases establecido por el Govern balear al considerar que la medida solo tiene un fin recaudatorio y es inconstitucional.
El vicepresidente Económico del Ejecutivo autonómico, Josep Ignasi Aguiló, se ha reunido con representantes de FIAB, ANGED, ASEDAS, ACES, CEC, ECOVIDRIO y ECOEMBES, que, según han informado a través de un comunicado, le han transmitido su "total desacuerdo" con esta medida que creen que es discriminatoria y que afectará "seriamente a la recuperación de la economía" en Baleares.
Los representantes de las entidades han manifestado que establecer este canon, que se contempla en los Presupuestos de Baleares para 2013, "con supuestos fines ecológicos", supondrá una doble carga tributaria sobre la misma base imponible que repercutirá en los consumidores.
"Lo único que van a conseguir con esta tasa es perjudicar aún más a las familias en Baleares, que tendrán que soportar un coste adicional medio de unos 100 euros sólo por el consumo de agua embotellada", ha afirmado el representante de ACES, Aurelio del Pino.
Según los datos facilitados por estas entidades, el precio de una botella de agua de 1,5 litros aumentará un 22%, lo que significa que para una familia de cuatro personas que consuma cuatro litros al día, el coste ascenderá hasta los 100 euros más al año.
En el caso de las latas de bebida, el incremento de los precios es de un 9% más por unidad, por lo que de media, las familias se enfrentarán a un sobrecoste de 400 euros al año.
En opinión de estas entidades, la medida es "exclusivamente recaudatoria" y "discrimina al consumidor local" frente al de otras zonas del país, por lo que el interés turístico de las Islas se puede ver afectado, así como los 4.000 establecimientos locales de comercio de alimentación y sus cerca de 15.000 empleados.
Los representantes de las entidades esperan que el Govern reflexione tras su encuentro con Aguiló y han advertido de que si no rectifica, las empresas instaladas en Baleares pueden plantearse su viabilidad y su futuro en esta región, ha concluido la representante de la FIAB, Paloma Sánchez.
