La diputada del grupo parlamentario MÉS (coalición antes conocida como PSM-IniciativaVerds-Entesa y Més per Menorca) Joana Lluïsa Mascaró ha negado que cuando ella dirigía el departamento de Cultura del Consell de Mallorca en la época del Pacte se otorgaran 43.000 euros a dedo a la entidad El Camí y ha asegurado que si es imputada a raíz de estos hechos dimitirá "antes de que nadie le exija nada".
En una rueda de prensa, Mascaró ha afirmado que se adjudicaron 18.000 euros por un contrato menor de manera directa o "a dedo", hecho contemplado por la Ley, y el resto de la cuantía se otorgó mediante la convocatoria de una subvención a la que podían optar, tanto ésta como otras entidades.
Mascaró ha explicado que dicha entidad "no está ligada" al PSM y que no se han transferido fondos para la financiación de los econacionalistas. Desde la coalición han reconocido que se han podido "equivocar en algún trámite" y han anunciado que se han personado en la causa con el fin de desmentir esta presunta subvención ilegal.
La diputada econacionalista ha afirmado que no ha recibido "notificación ni de la fiscalía, ni de los juzgados" pero aunque no sabe "si hay o no acusación" se han personado "para ponerse a disposición de la justicia".
En este sentido, ha incidido en que el proyecto de "ligar cultura y patrimonio a través del senderismo" les parecía "muy interesante" ya que se unía con "otras sierras del Estado Español, e incluso de Andorra y era un proyecto de Països Catalans, de tierras de habla catalana".
Así, ha especificado que la primera adjudicación de 18.000 euros se dio para que se diseñara el proyecto definitivo en Mallorca, donde no se había hecho pero que debido a las "restricciones presupuestarias" se tuvo que paralizar la idea inicial de que el Consell de Mallorca fuera parte del proyecto mediante un "convenio más grande".
Debido a esto, ha matizado, "el Consell de Mallorca no podía seguir colaborando más allá de una convocatoria de subvenciones global a la que se podían acoger".
Por otra parte, ha calificado de "escándalo" que se unan estas acusaciones a una trama de posible financiación ilegal del PSM al ligar "una entidad a un partido porque una persona colaborase como voluntario en una campaña electoral o participase en una listas", como independiente en Sa Pobla.
La parlamentaria ha confesado sentirse "tranquila" porque el "trabajo está bien hecho" y ha aseverado que si "en un momento del proceso el juez le acusa de un delito o la imputa", dejará el cargo de diputada "por responsabilidad o cohesión política", "antes de que nadie se lo pida" porque no quiere "hacer daño al partido ni a las instituciones".
