jueves. 28.03.2024

Una empresa de comunicación ha demandado a la agencia de publicidad Nimbus -investigada en el caso Palma Arena por financiar de forma presuntamente ilegal al PP balear y beneficiarse de supuestos contratos amañados durante el último Govern de Jaume Matas- para reclamar 240.000 euros que abonó por la compra de participaciones de esta sociedad mediante una operación en la que, denunciaba, Nimbus le ocultó que "obtenía sus ingresos más sustanciales a través de sistemas de contratación irregulares con la Administración".

Se trata de una demanda que, sin embargo, ha sido desestimada por la Audiencia Provincial de Baleares mediante una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que alega que la mercantil compradora "no adoptó ningún tipo de precaución con la finalidad de conocer las actividades a las que se dedicaba Nimbus en el momento en el que se interesó por la compra", que se concretó en un 20 por ciento de las participaciones sociales de la mercantil.

En su recurso de apelación contra la resolución que ya en primera instancia rechazaba la demanda, el reclamante alegaba que, en el momento de la compra -el 20 de febrero de 2007-, desconocía los asuntos "turbios" a los que se dedicaba Nimbus así como las "oscuras maniobras concertadas con organismos del Govern" que, tal y como recordaba, están siendo objeto de investigación por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro.

La demandante señalaba que el administrador de Nimbus tenía interés en reducir su participación en la sociedad "pero no sin antes llevarse los grandes beneficios que le había reportado su método de funcionamiento", para lo cual contactó con el reclamante para ofrecerle participar en la entidad mediante la adquisición de un paquete minoritario de participaciones que "le podrían reportar un rendimiento suficiente de cara al futuro".

Fue entonces cuando, aseveraba, el administrador de Nimbus redactó un documento "con magníficas previsiones de beneficios, sin comentarle que la mayor parte del negocio giraba en torno a una actividad ilícita y que la documentación contable que la respaldaba era engañosa".

Más en concreto, el apelante hacía referencia a unas contrataciones con el Govern balear que están siendo investigadas en diversas piezas del caso Palma Arena, entre las cuales se encuentra la adjudicación de un expediente ficticio en materia de imagen, cuyo único objetivo era pagar al periodista Antonio Alemany por los discursos que le encomendaba Matas, quien fue condenado a seis años de prisión por estos hechos.

Según el reclamante, estas contrataciones "eran conocidas" por el administrador de Nimbus y "resultaba imposible que no fuera consciente de que disponían de contratos administrativos de forma irregular, hasta el punto de que prestaban primero los servicios que luego les eran retribuidos, o que hicieran favores remunerados, o que efectuaban pagos extraños sin concepto conocido, o que les asignaban trabajos que les eran retribuidos por contratos de otras sociedades, o de que se fraccionaba la contratación para la Administración".

NINGUNA COMPROBACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DE NIMBUS

Sin embargo, el tribunal de la Sección Tercera asevera en su sentencia que el demandante, como profesional de la publicidad que adquiría participaciones con la voluntad de participar activamente en la explotación del negocio, "no consta que realizara ningún tipo de comprobación de la actividad que desarrollaba la entidad [Nimbus]" como tampoco era "ajeno al ejercicio de la actividad de una agencia de publicidad el que puedan mantenerse relaciones con las Administraciones".

"Tratándose de un profesional del sector, debió adoptar las medidas adecuadas para conocer el contenido de la actividad que desarrollaba la entidad de la que pretendía adquirir participaciones", prosigue la resolución, que destaca a modo de ejemplo "la relevancia pública de las campañas que se realizaban y de las que se denuncian irregularidades", como son la relativa a la construcción del velódromo Palma Arena o la de comunicación del Mundial de Ciclismo del año 2007.

En concreto, a Nimbus también se la investiga por las facturas que emitió en relación a los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, contratados de forma presuntamente ilícita durante la construcción del velódromo y quienes percibieron unos 8,5 millones de euros en concepto de honorarios. Asimismo, también se encuentra bajo la lupa judicial por otras facturas relacionadas con la Fundació Illesport, el Govern y el consorcio para la construcción del Palma Arena.

Demandan a Nimbus por vender participaciones "ocultándo" sus "turbios" contratos con Matas