El conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, ha subrayado, en relación a las contrataciones supuestamente irregulares de Radio Calvià que fueron adjudicadas bajo su mandato como alcalde del municipio mallorquín, que "se podría decir que yo malgastaba, pero eso no es lo mismo que malversar, y si no pueden comprobarlo en el Código Penal", ha espetado.
En la rueda de prensa que ha ofrecido para defender que los expedientes investigados por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma "siempre se adecuaron a la Ley" y bajo el control de los funcionarios competentes del Consistorio. Según ha manifestado, antes de llegar a la Alcaldía, el PSIB destinaba 323.000 euros anuales para la gestión de la emisora municipal, mientras que en su primera legislatura la cifra se redujo a 240.000 euros y en la segunda, a 143.000.
Así se ha pronunciado Delgado respecto a la querella interpuesta contra él por el Grupo Municipal del PSIB, en virtud de la cual la titular del Juzgado ha incoado diligencias ante la existencia de "sospechas racionales" de que en la preparación y desarrollo de los contratos "se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito", aseverando que los hechos revisten características "que permiten suponer" la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
Sin embargo, el conseller ha alegado que las contrataciones investigadas fueron otorgadas en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, todas ellas "mediante concurso y únicamente dos mediante negociado", por lo que ha recriminado que la querella ha sido "maliciosamente tergiversada". En esta línea, Delgado ha atribuido las acusaciones que pesan sobre él "a la maldad o a una ignorancia total".
"Lo que es evidente es que las licitaciones se han hecho por concurso", ha incidido el exalcalde 'calvianer', aseverando que "si hubiéramos querido favorecer a una determinada empresa, tan sólo hubiéramos convocado dos concursos para dos legislaturas". Así, ha expresado su "total tranquilidad porque la realidad es la que es".
En concreto, se ha referido a las dos contrataciones que fueron adjudicadas mediante un procedimiento negociado: una en 2009, que según ha apuntado no fue tramitada por concurso debido a que la Administración "no fue lo suficientemente diligente para tramitarla con la antelación debida". Según su argumento, la tramitación de un concurso tiene una duración aproximada de cuatro meses, por lo que hasta la siguiente convocatoria no había tiempo para tramitarlo como tal y el municipio no podía quedarse "sin radio" durante esos cuatro meses.
En cuanto al negociado de 2011, ha justificado que entonces faltaban seis meses para que finalizase la legislatura, por lo que la contratación se preparó mediante este procedimiento con una vigencia de medio año para que su conclusión coincidiese con el siguiente mandato.
SE ACOGERÁ AL CÓDIGO ÉTICO DEL PP EN CASO DE DECLARAR COMO IMPUTADO
El exprimer edil, quien ha recalcado que en caso de que tenga que declarar como imputado en el marco de esta nueva causa de presunta corrupción, se aplicará el código ético del PP, ha remarcado que no piensa "escurrir el bulto" ante la querella de los socialistas, porque, según ha indicado, no suele actuar así, al tiempo que ha insistido en negar cualquier tipo de irregularidad en las contrataciones de Radio Calvià.
Por su parte el portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha asegurado que el conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, "sigue plenamente activo con todos sus proyectos" y a disposición del código ético del Partido Popular.
Bosch ha señalado que, en el caso de que Delgado fuera imputado en relación a la investigación en la adjudicación de la licitación a Radió Calviá cuando fue alcalde de este municipio, se impondrá la aplicación del código ético del PP. Este código obliga a los cargos públicos a poner a disposición del partido sus puestos en caso de una imputación judicial.
Cabe recordar que el PSOE de Calvià ha manifestado que era su "obligación y responsabilidad" presentar la querella en la que se denuncia supuestas irregularidades en la contratación de la gestión y explotación de la radio municipal, dado que, a su juicio, se debe denunciar ante las autoridades competentes "cualquier actuación que pueda implicar conductas que vayan en contra del bien común y público de todos".
Además, en octubre, el Juzgado de Instrucción número 2 falló una sentencia por una demanda presentada por los socialistas de Calvià en el tribunal contencioso administrativo en la que declaraba que se había adjudicado de forma directa a Antonia Pastrana los trabajos de producción y realización de la programación de la emisora municipal y la explotación de la publicidad de la radio de un modo absolutamente carente de motivación y al margen de la legalidad, tanto en lo que se refiere al procedimiento realmente seguido para la adjudicación, como en la fijación del precio.
A partir de ese momento, el portavoz municipal de los socialistas de Calvià anunció que encargaba a sus servicios jurídicos el análisis pormenorizado de 13 expedientes más de similares características que se realizaron entre 2005 y noviembre de 2011, con un valor total de 1,3 millones de euros, "por si fueran constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos".
El órgano judicial, que ha admitido a trámite la querella, ha procedido a iniciar una investigación, incoando diligencias previas.
