La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha imputado a la diputada del grupo parlamentario MÉS Joana Lluïsa Mascaró, a quien ha citado a declarar el próximo 4 de abril, y al exconseller de Turismo del Govern Miquel Nadal, emplazado para el día 8, en el marco de la nueva causa abierta por los presuntos pagos otorgados 'a dedo' durante la pasada legislatura desde el Consell de Mallorca a la asociación Pas El Camí.
Junto a ellos ha citado también como imputados a Joan Serra y Magí Moranta para el día 4 así como a Antoni Rebassa y al director gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) en junio de 2009, para el 8 de abril.
En el marco de este nuevo caso, la jueza ha acordado prisión provisional sin fianza para uno de los coordinadores de Pas El Camí por el cobro presuntamente irregular de unos 43.000 euros desde el departamento de Cultura del Consell.
La magistrada, quien se encontraba en funciones de guardia, atendió de este modo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la declaración que se le tomó durante la tarde de este lunes al líder de la entidad investigada, Emili Gallardo, quinto en la lista del PSM de Sa Pobla en las elecciones de 2011. Gallardo ingresó durante la madrugada en las dependencias del centro penitenciario de Palma.
La diputada daba este martes por hecho que sería imputada por presunta corrupción en el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura y anunció que dejará su cargo en el Parlament cuando se tomase esta decisión para "evitar sospechas sobre la política".
No obstante, aseveró que tras revisar los documentos relacionados con la subvención presuntamente fraudulenta de la entidad el Camí no ha visto nada que pueda ser constitutivo de delito. De hecho, hace meses negó que cuando ella dirigía el departamento de Cultura durante el pasado mandato se otorgasen 43.000 euros de forma directa y sin concurso.
Así, justificó que se adjudicaron 18.000 euros por un contrato menor, lo que está contemplado por la Ley, mientras que el resto de la cuantía se abonó mediante la convocatoria de un expediente al que podían optar tanto la asociación indagada como otras entidades, según puso de manifiesto.
