La exjefa del departamento de gestión económica de la Conselleria de Comercio durante los cuatro años en que se urdió una presunta trama de desvió de fondos a través del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB), ha apuntado en su declaración como testigo que el exconseller Josep Juan Cardona era quien "indiscutiblemente" ordenaba la constante inyección de fondos desde otros departamentos ante el "excesivo" gasto al que estaba sometido el organismo público.
En su comparecencia ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, la exresponsable ha recordado cómo el presupuesto del que estaba dotado el consorcio "se agotaba con cierta rapidez", de modo que "había que hacer varias transferencias de dinero a lo largo de un año", después de que así lo solicitara Cardona, quien reclamaba ampliaciones de crédito para llevar a cabo las actuaciones que planificaba.
Según ha recordado a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en varias ocasiones transmitió al entonces conseller que "los gastos eran desproporcionados" y se "permitía" preguntarle que "qué pasaba con tanto viaje a China", donde supuestamente Cardona y los también exaltos cargos Kurt Viaene y Antònia Ordinas desplegaron negocios aprovechando las actividades de promoción que la Conselleria impulsaba con fondos públicos en el país asiático.
"La confianza que tenía con él me permitía trasladarle de este modo mis preocupaciones", ha apuntado la testigo, quien ha explicado que ella se encargaba de tramitar las transferencias de crédito y que Cardona era quien, además, "indiscutiblemente" era quien autorizaba "en última instancia" la asistencia a ferias o a cualquier otro acto por parte del CDEIB. En cualquier caso, ha manifestado que nunca llegó a ver ningún estudio o trabajo de los que se encargaban desde el consorcio, de ahí que preguntase "cuál era el resultado de tanto viaje".
La testigo ha recordado cómo finalmente, al cabo de varios años, fue cesada de su cargo a raíz de las declaraciones que, en esta línea, efectuó en el marco de esta causa.
En concreto, la Fiscalía apunta en relación con estos hechos que el presupuesto anual del que disponía el CDEIB resultaba notablemente insuficiente, agotándose dichos fondos en los primeros meses, lo que provocaba que constantemente se requiriese la inyección constante de fondos públicos procedentes de la Conselleria de Industria o desde organismos dependientes de la misma bajo la cobertura de supuestos convenios de colaboración.
El Ministerio Público postula además que se tuvo que acudir a un préstamo bancario por importe de cuatro millones de euros, al tiempo que desde el CDEIB se contrataban numerosos servicios sin la dotación financiera correspondiente, lo que conllevaba que tuviesen que abonarse multitud de servicios mediante el sistema de endosos.
