El PSIB-PSOE ha denunciado la situación de degradación y empeoramiento de la sanidad pública en Baleares, desde que, hace un año, los gobiernos del Partido Popular decidieron iniciar la transformación del sistema sanitario. "El PP ha cambiado totalmente el sistema sanitario y la ha hecho volver 30 años atrás", dijo el diputado socialista Vicenç Thomàs. "Antes teníamos un sistema de salud pública universal financiado vía impuestos. Ahora la salud ha dejado de ser un derecho de los ciudadanos para ser un bien de consumo que sólo pueden disfrutar los asegurados o beneficiarios", ha explicado el portavoz parlamentario adjunto.
Los Gobiernos del PP, tanto en Baleares como en Madrid, están recortando el derecho de la ciudadanía a la protección de la salud, recogido en la Constitución Española y también en el Estatuto de Autonomía, provocando un empeoramiento claro de la salud de las personas, y la exclusión de importantes colectivos de nuestra sociedad.
El PP ha introducido copagos en materia de transporte sanitario no urgente, suplementos dietéticos, prestación ortoprotésica y medicamentos. Son unos copagos que paga "quien está enfermo", es decir, sobre todo pensionistas, personas que padecen enfermedades crónicas, o enfermedades raras. "Más de 400 medicamentos han sido excluidos de la financiación pública, y todos nosotros pagamos ahora el 100% de su coste", añadió Thomas. El socialista ha recordado que ya hay muchas personas que no recogen todos los medicamentos que se les receta porque no pueden hacer frente a los pagos. Y no hay que olvidar "que Baleares es la única comunidad autónoma con un copago de 10 euros para una tarjeta sanitaria idéntica a la que teníamos".
Según la filosofía del PP que dice que "todo es susceptible de cobrarse", el Gobierno ha recortado también la cartera de servicios y ha provocado un aumento desmesurado de las listas de espera. "La lista de espera quirúrgica ha aumentado un 48%, pasando de 51 a 122 días de demora media. Y en consultas externas, la demora media ha pasado de 34 a 109 días ", ha detallado el diputado. Esto quiere decir que muchas personas tienen que esperar "un año para una colonoscopia o un TAC, y 10 meses para una ecografía", ha explicado. Y todos los ciudadanos han perdido el derecho a ser atendidos en menos de 6 meses, con la eliminación del decreto de garantías de demora sanitaria.
"La salud de los ciudadanos no es una prioridad para el PP, que este año destina 1.000 euro per cápita, frente a la media estatal de 1.250 euros", ha desvelado Thomàs. Esta reducción presupuestaria es letal para la salud. "Para mantener una cartera de servicios determinada y una calidad asistencial determinada, se necesita dinero", apuntó.
