El exconseller de Territorio del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens ha afirmado, durante su declaración como acusado en el juicio del caso Can Domenge, que también entregó dinero a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar en el marco de la presunta trama urdida en torno a la recalificación del polígono palmesano de Son Oms, una confesión que por primera vez involucra a la exdirigente histórica de UM en esta última causa de supuesta corrupción.
Vicens ha arrojado esta afirmación al inicio de su interrogatorio por el fiscal Juan Carrau, quien le ha preguntado si, al margen del soborno de cuatro millones de euros que habría percibido de la mercantil Sacresa y que repartió con Munar, el exvicepresidente insular Miquel Nadal y la propia UM a cambio de que la empresa catalana resultase adjudicataria de los solares de Can Domenge, habría entregado dinero a Munar por otras operaciones.
En ese momento, el acusado ha respondido que sí, y que lo hizo en el marco de un asunto en el que participaba con ella, en el mismo despacho de abogados, en relación a la Gestora de Desarrollo Son Oms, sociedad que intervenía en la promoción y desarrollo del polígono industrial. Precisamente, en el marco del caso Son Oms, cuya instrucción se encuentra en manos del juez Pedro Barceló, se encuentran imputados Vicens, Flaquer y Nadal, pero no así Munar.
El propio Barceló, al ingresar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma -en el que se instruyen varios de los numerosos casos de presunta corrupción que afectan a UM-, manifestó que se abstendría en todas las causas en las que estuviera implicada Munar, a raíz del grado de amistad que mantiene con la exlíder regionalista y con motivo de la polémica que suscitó su petición de cubrir la vacante que había entonces en ese Juzgado.
Cabe señalar que de acuerdo a las investigaciones del caso Son Oms, la empresa Metalumba habría servido de tapadera para cobrar 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones que supuestamente cobró a raíz de la recalificación del polígono palmesano. La sociedad fue creada en 2002 por Vicens, quien puso la mercantil a nombre de su mujer, Antònia Martorell, y a Elisabeth Diéguez como administradora única, si bien la Fiscalía la considera testaferro del exconseseller.
El caso se desató después de que un empresario y propietario de una de las fincas de Son Oms, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y el el ex presidente del Parlament, Maximilià Morales (UM) le exigieron comisiones de un 15 por ciento por la recalificación de su solar.
Tras ello, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella contra Vicens y Morales, así como contra el abogado Jaume Montis, propietario de Gestora de Desarrollo Son Oms. El Ministerio Público investiga de esta forma si se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de las parcelas de suelo rústico a urbanizable.
