La Fiscalía Anticorrupción está investigando si el exvicepresidente del Consell de Mallorca y exconseller de Obras Públicas Antoni Pascual cobró comisiones por trabajos de aglomerado y asfaltado, a raíz de unos albaranes recientemente hallados en la sede de la Institución insular y que la acusación relaciona con el exalto cargo de UM. Unos recibos en los que figura la palabra 'conseller' y de los que el propio Pascual se ha desvinculado en la declaración que ha prestado este viernes como imputado en el marco del caso Peaje.
Durante su comparecencia, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, el encausado ha asegurado que en ningún momento, durante su gestión al frente de Obras Públicas, pidió que le aportasen esos albaranes puesto que "no tenía ningún control" al respecto, si bien el Ministerio Público postula que Pascual podría haberlos solicitado a los adjudicatarios de los trabajos para llevar un control "exhaustivo" de la labor de asfaltado que se hacía y poder "detraer un porcentaje" para el entonces conseller.
De hecho, el exalto cargo ha manifestado desconocer "quién ha escrito lo de 'conseller' y por qué", tal y como ha remarcado durante su deposición en el marco del caso que investiga un presunto desvío de fondos del Consell durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estas obras.
En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios de los letrados personados en la causa, Pascual ha incidido en que nunca ha pedido "documentación ni albaranes" y que sus funciones en relación a las obras del desdoblamiento llegaron finalizaron cuando éstas fueron adjudicadas. En cualquier caso, ha asegurado que no le consta que se produjera un sobrecoste en las obras puesto que se llevó a cabo "una auditoría externa y había unos controles".
En esta misma línea, también ha sido interrogado en calidad de imputado el presidente del Consejo Ejecutivo de la empresa Melchor Mascaró, Jaume Mascaró, quien ha manifestado desconocer por qué pone 'conseller' en los albaranes, al tiempo que ha negado haber dado instrucciones para que le fuesen entregados en su día a Pascual. Así, preguntado "si tiene algún sentido que los albaranes estuvieran en la Conselleria" o que éstos los solicitara el exconseller para poder pedir comisiones, ha manifestado que no.
El encausado, que era gerente de la UTE que se encargó de los trabajos de desdoblamiento, ha recordado que "firmaba contratos y aperturaba cuentas", señalando que era "el que tenía la firma", si bien ha precisado que "había una persona que llevaba el día en la UTE" y que "esta persona ha fallecido".
En esta línea, ha asegurado desconocer que, con motivo de los trabajos de la carretera, se emplease material de la UTE para fines particulares o para que exaltos cargos adecentaran sus viviendas. "Sólo sé que [el exdirector insular de Carreteras] Gonzalo Aguiar me pidió dos años antes tierra para su finca, y se le llevó tierra que se tenía que llevar al vertedero; suponía el mismo coste llevarla a un sitio que a otro", ha apostillado.
LA UTE NO RECIBIÓ "NINGÚN EURO" DEL CONSELL
Finalmente, ha recalcado que la UTE no emitió ninguna factura al Consell como tampoco ha recibido "ningún euro" de la Institución. De hecho, los imputados en esta causa niegan un desvío a fines particulares y que el supuesto desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.
Es por ello que rechazan de plano que el sobrecoste indagado repercutiese en las arcas de la institución supramunicipal. En concreto, los trabajos corrieron a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr). Según los investigadores, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Cabe recordar que el caso Peaje se inició a raíz de la denuncia que interpuso la Fiscalía contra 16 exaltos cargos del Consell y empresarios en marzo de 2009 a raíz del supuesto desfase que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto. El desdoblamiento es considerado como la infraestructura estrella del mandato de UM al frente del Consell entre los años 2003 y 2007, cuando la institución estaba presidida por Maria Antònia Munar.
