La acusación popular en el caso que investiga el presunto desvío de 1,4 millones de euros públicos en la gestión de Ràdio Calvià, en el que está querellado el actual conseller de Turismo del Govern y exalcalde del municipio, Carlos Delgado, ha ampliado la querella que dio inicio a la causa, al comprobar que el Ayuntamiento 'calvianer' licitó en junio un nuevo contrato por valor de 48.400 euros, sin publicidad ni mesa de contratación, a pesar de que el objeto del mismo ya está incluido en el vigente contrato de explotación que está siendo investigado en el marco de este procedimiento.
En su ampliación de querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal del Grupo Municipal Socialista de Calvià, querellante en este proceso, apunta cómo en la página web del Consistorio aparecen publicadas las bases de licitación de un expediente relativo al servicio de realización de la programación de informativos y entretenimiento en la emisora municipal, con un importe máximo de 20.000 euros más IVA por anualidad, siendo el límite total del contrato de 48.400 euros y posibilidad de prórroga por seis meses -60.000 euros en total más IVA-.
Sin embargo, el letrado que representa a la formación, Pablo Alonso de Caso, denuncia que el contrato ha sido licitado bajo la modalidad de negociado sin publicidad y sin mesa de contratación, lo que "garantiza a los querellados más discrecionalidad en su concesión y opacidad en quienes quieren concursar".
En concreto, en el marco de esta causa se encuentran querellados el actual conseller de Turismo del Govern y exalcalde de Calvià, Carlos Delgado; el actual primer edil, Manuel Onieva; la exresponsable de comunicación en el Ayuntamiento y actual jefa de prensa de Delgado, María José Merino; la periodista Antonia Pastrana y el último adjudicatario del servicio de la emisora local, Fernando López Hinojosa, a raíz de su presunta concertación en la adjudicación de contrataciones para explotar Ràdio Calvià.
Según pone de manifiesto el abogado, quien ya solicitó la imputación de Delgado por su implicación en esta "orquesta criminal", tanto Pastrana como Onieva "han cambiado de estrategia y ahora han optado [desde el Ayuntamiento] por fraccionar aún más los contratos" y, si López Hinojosa ostenta la explotación de la emisora, "ahora se está licitando la programación de los informativos y programas de entretenimiento cuando éstos ya están incluidos en el vigente contrato de explotación".
Es por ello que, denuncia, resulta "plenamente injustificada su licitación y fraccionamiento independiente" y ya hay un adjudicatario "que con sus propios medios ya cumple esas labores que se pretenden licitar".
Al hilo de lo anterior, el querellante asevera que lo que se está haciendo con el nuevo contrato es "vaciar aún más de contenido la gestión de la explotación de Ràdio Calvià a fin de incrementar los costes que ha de asumir el Ayuntamiento -con el consecuente perjuicio para las arcas públicas- y reducir los costes que el siguiente adjudicatario deba asumir, esto es, a menor número de programas que editar, menos medios personales y materiales se precisan y mayor margen comercial".
Así, el letrado incide en que "la búsqueda deliberada del vaciado de contenido de los contratos que se liciten más la licitación innecesaria de contratos, junto al fraccionamiento ilegal de los mismos", que "al fin y al cabo es una reiteración del comportamiento delictivo que los querellados han venido efectuando hasta la fecha", hace que deba ampliarse la querella interpuesta contra Onieva y Pastrana, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración.
PIDEN LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
El abogado solicita asimismo en su escrito que, habida cuenta de que aún no se ha producido un daño material al Ayuntamiento y en aras a evitar "daños de difícil reparación", se suspenda de forma cautelar el expediente de contratación y, en caso de estar licitado y adjudicado, que los querellados presten fianza solidaria por el importe tramitado.
La jueza instructora de la causa ya apuntó en uno de los autos dictados en el marco de esta causa a un fraccionamiento de los contratos para que fueran adjudicados de forma directa así como a su falta de justificación, motivo por el que incoó diligencias contra Delgado y el resto de querellados.
En su resolución judicial, la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, aludía a la existencia de "sospechas racionales" de que en la preparación y desarrollo de los contratos "se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito", aseverando que los hechos revisten características "que permiten suponer" la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
UNA SENTENCIA YA DECLARÓ NULA UNA ADJUDICACIÓN DE LA RADIO
Se da la circunstancia de que una sentencia dictada en octubre de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ya declaró nulo el decreto de Alcaldía por el que, el 26 de agosto de 2009, se adjudicaba a Pastrana el 'servicio para llevar a cabo la realización de los trabajos de producción y realización de la programación de Radio Calvià y la explotación de la publicidad en la emisora', por haberse tramitado "al margen de la legalidad".
En concreto, el servicio fue adjudicado por un total de 80.000 euros (68.965 más 11.034 de IVA) y, según el PSIB -también recurrente en aquel procedimiento- el expediente se realizó sin publicidad y por tramitación ordinaria, fundamentándose en un informe elaborado por María José Merino, "siendo la propia Administración la que ha querido que concurra sólo doña Antonia Pastrana, sin acreditar en modo alguno que sea el/la único/a empresario/a que pueda realizar la prestación".
