El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha llamado a declarar como imputado al exgerente del PP Cristóbal Páez tras recibir un informe policial que confirma la supuesta existencia "de cobros y pagos al margen de la contabilidad oficial" del Partido Popular.
El magistrado asegura que, según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, se puede "confirmar en relación con los indicios (...) la presunta existencia por parte del PP de una corriente financiera de cobros y pagos continuos en el tiempo, al margen de la contabilidad enviada por el PP al Tribunal de Cuentas".
Una contabilidad que, según dice, "se habría utilizado para atender determinados pagos al arquitecto y al responsable de la empresa Unifica, que hizo las obras de reforma de la sede entre 2005 y 2011". Precisamente, Ruz también ha citado a declarar como imputado el arquitecto que reformó la sede del partido de la calle Génova de Madrid, Gonzalo Urquijo, y tres testigos más el 16 de diciembre.
Para elaborar el informe, la Policía Nacional comparó los documentos que se encontraron en la sede del partido de Unifica y los que envió el PP sobre la obra de remodelación de su sede con tres anotaciones que aparecen en los papeles del extesorero del PP, Luis Bárcenas en 2008 a nombre de "Gonz. Urquijo", "Gonzalo (Arquitecto)" y "G.Uno." por un importe de 888.000 euros en total.
A partir de aquí, el juez concluye que las coincidencias dan validez a los apuntes de Bárcenas. El dinero, además, se habría pagado al arquitecto con la supuesta caja B del PP y los pagos "no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o B que se llevaba a cabo en el partido y de la cual eran los presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta", entonces gerente y tesorero respectivamente. Por lo tanto, según Ruz, estos pagos "se habrían atendido con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido".
Así pues, para el magistrado las coincidencias entre los pagos al arquitecto y las salidas de la caja B traen a "indicios suficientes de haber cometido uno o varios delitos contra la Hacienda pública" en los que Urquijo seria el autor y Páez y Bárcenas, los cooperadores.
La vicespresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, ha asegurado sobre esta cuestión que respeta las decisiones judiciales.
