El PSIB ha acusado al PP de "forzar" la interpretación de la Ley Company (7/2012) para poder transformar terrenos rústicos protegidos en urbanos. "El PP, en su obsesión urbanizadora, no respeta ni su propia ley", ha denunciado el diputado socialista Jaume Carbonero.
El diputado ha intentado por varias vías conseguir del PP "un compromiso" de que no se reclasificará como suelo urbano el suelo rústico que no cumpla estrictamente con las condiciones especificadas en la Ley Company en su disposición adicional primera, pero el PP se se lo ha negado.
La Ley Company, en su disposición adicional primera, señala que se podrán incorporar como urbanos los terrenos previamente transformados "que cuenten con los servicios plenamente funcionales y suficientes".
"La cuestión está en la certificación de que los servicios cumplan efectivamente con los requisitos", ha explicado Carbonero. En el primer caso que se ha presentado hasta ahora, el de la urbanización de Muleta, en Sóller, el informe que acredita los servicios suficientes y funcionales lo han hecho peritos externos y contradice radicalmente el informe, redactado por los técnicos del Ayuntamiento que dicen lo contrario.
"Es imprescindible que la certificación la haga el Consell Insular, con sus servicios técnicos y jurídicos, ya que es esta institución la que tiene las competencias en materia de urbanismo", ha defendido Carbonero. Sino, se pueden dar situaciones como la actual de Muleta, donde los peritos externos han certificado unos servicios "que según el informe técnico del Ayuntamiento de Sóller son inexistentes".
Carbonero ha defendido una proposición no de ley en el Parlament para que la disposición adicional primera de la Ley Company deje bien claro que los servicios deben ser "plenamente funcionales y suficientes, acreditados por el Consell Insular competente".
El PP afirmó que estaba de acuerdo con la idea de la propuesta pero, no obstante, se negó a aprobarla. El diputado ofreció también retirar la PNL, si el PP se comprometía a incluir esta clarificación en la Ley del Suelo que la próxima semana inicia su tramitación parlamentaria. Tampoco con esto estuvo de acuerdo el PP.
"La situación es kafikiana. El PP en el Govern incumple una ley propia y se ve corregido por el Ayuntamiento de Sóller, también del PP, que confirma el incumplimiento legal, y además se niega a dejar en manos de los Consejos, competentes en materia de urbanismo, la su aplicación", apunta Carbonero.
El diputado ha acusado al PP de forzar la normativa para poder urbanizar en suelo rústico, pasando por encima de sus propias leyes y de los técnicos de los ayuntamientos y los consejos que son los que tienen la competencia en urbanismo y ordenación territorial.
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