Alrededor de 1.500 empleos directos y unos 500 indirectos pueden verse afectados en Baleares por la Reforma de la Administración Local que ha puesto en marcha el Gobierno central, según cálculos de la
Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT).
Esta ha sido una de las preocupaciones que la organización sindical ha transmitido al presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), Joan Albertí Sastre, en la reunión que han mantenido este mediodía junto a representantes de CCOO para analizar las “nefastas” consecuencias del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que previsiblemente se aprobará hoy en el Senado.
Estos encuentros forman parte de las reuniones que están manteniendo las fuerzas sindicales con los grupos políticos de la oposición y diferentes entidades en su campaña contra la Reforma Local que
contará con una protesta el día 19 de diciembre ante la Delegación del Gobierno en Palma.
En concreto, la FSP-UGT ha propuesto a la FELIB que se promuevan acuerdos de concertación con la Comunidad Autónoma y los municipios para evitar la pérdida de puestos de trabajo y garantizar la
prestación de servicios a la ciudadanía, así como su carácter público.
En los organismos de la Administración Local del archipiélago trabajan actualmente alrededor de 14.100 personas, a las que hay que sumar más de 1.000 empleados que no se contabilizan en el Registro de
Personal y 1.500 que prestan servicios sociales y de ayuda a domicilio para los ayuntamientos.
La FSP-UGT ha criticado que tanto el Govern balear como el Ayuntamiento de Palma ya han comenzado a aplicar la Reforma Local antes de la aprobación definitiva de la ley con la creación del Consorcio Sociosanitario y el despido de 8 mediadores de convivencia que trabajaban para Cort desde el año 2005.
Asimismo, la organización sindical ha insistido en que esta reforma no solo provocará un nuevo aumento de la destrucción de empleo público sino también, un deterioro de los servicios que prestan las
administraciones a los ciudadanos.
Ha añadido que la Reforma de la Administración Local no garantizará el equilibrio territorial del país ni la cohesión social ya que aleja los servicios públicos de los ciudadanía al imponer el traspaso de
competencias a las diputaciones y en el caso de Baleares, a los Consells Insulars y a la Comunidad Autónoma.
La FSP-UGT ha advertido de que la aprobación de la ley de Reforma Local tendrá consecuencias sociales derivadas de la supresión de servicios públicos de proximidad, fomentará las desigualdades y
afectará al empleo público.
Por ello, la Unión ha insistido en que cualquier reforma de la Administración Local debe consensuarse con los implicados respetando la lealtad institucional.
