La targeta blava amenaza con suponer un problema más que una virtud, mientras Cabrer hace la guerra por libre y sube un peldaño la crispación
“La idea fue del gerente del partido”, dice un barón conservador. “Yo no estaba muy de acuerdo, pero se ha interesado tanta gente que será un éxito”, explica otro alto cargo del partido, que es por cierto uno de los que pocos a los que Bauzá consulta la política del Govern. La tarjeta azul del PP, llamémosle GrouPPon, pionera en una nueva forma de fidelización de militancia mediante convenios con empresas que les ofrecerán descuentos, amenaza sin embargo con convertirse en un boomerang. La oposición ha visto la veta y el próximo martes, sin esperar siquiera a que el plástico azul esté en la calle, va a presionar al president con el tema. Principales argumentos en contra de esta iniciativa: 1) roza las líneas rojas de la financiación de partidos puesto que la entienden como una donación indirecta al PP -“sin ir más lejos, hay gente que puede afiliarse solo para tener descuentos y eso significaría que el partido saca beneficio de la operación”, sostienen en el PSIB; 2) juega con la ley de protección de datos si los militantes no dan consentimiento individual previo a que el partido ceda una base de datos de 22.000 personas a una empresa privada. Principal problema que se le puede presentar a los comercios: las instituciones gobernadas por el PP (casi todas en las islas) jugarían con fuego si conceden cualquier subvención pública o contratan cualquier servicio con las empresas adheridas a esta campaña. “Y eso creemos que incluiría a los comercios que, por su cuenta o a través de patronales que reciben financiación pública, acceden a ayudas como rotulación y demás”, comentan en el PSM. Mientras, en el PP afirman que “todo se ha mirado con los servicios jurídicos y con la dirección nacional del partido”. Da la sensación de que es una experiencia piloto de un plan que se expandiría a otros territorios. Veremos en qué queda.
Hay un segundo movimiento del PP en estos días que parece también encaminado a complicarse la vida sin necesidad. Cuando el grupo Més anunció que pediría la reprobación del ministro Soria por su actitud respecto a las prospecciones petrolíferas, los populares podrían haber mantenido el discurso de que Zapatero inició el problema y hacer valer su mayoría para vetar la propuesta en el Parlament. Pero llegó Mabel Cabrer y esto suele ser sinónimo de incremento de la crispación. La oposición pone el fuego y la portavoz del PP acostumbra a echarle gasolina. En el partido no ha sentado muy bien su “calentón” al anunciar una iniciativa parlamentaria para declarar persona non grata entre otros a Francesc Antich, el president del Govern que no se rebeló cuando Zapatero permitió los estudios que iniciaron el problema. La gente del PP que acompañaba a Cabrer cuando dio la noticia asentía con júbilo, como si nadie se parase a pensar que, más allá del innecesario aumento de la tensión política, el órdago supondrá –si se concreta- que muchos se pregunten por qué el PP no declara también persona non grata a los dos ex presidentes condenados por corrupción, ambos de su partido. Un alto cargo del partido introduce otra posible crítica que les caería: si el PP declara persona non grata al presidente del Gobierno anterior tendría que ser coherente y hacer lo mismo con Rajoy si da el visto bueno definitivo (algo probable). Quizá Toni Gómez (encantado de abrir tensiones con la oposición; hablamos de quien cree que su acusación a Pastor de “vividor de la política” motiva a las bases en Manacor) no supo, pudo o quiso frenar a Cabrer cuando estuvo con ella minutos antes de que lanzase su amenaza. O quizá los asesores no asesoran porque están demasiado metidos en la batalla diaria y los árboles no les dejan ver el bosque. “Quedará en nada. No se debe cumplir lo que dijo Mabel”, sentencia un histórico dirigente del partido. Al cierre de este artículo, el PP no había presentado su propuesta en registro. Tampoco consta reprimenda desde el Consolat. Aunque eso no significa que no haya consellers incómodos con estas actitudes. Como también con Toni Camps, el diputado menorquín que la ha liado otra vez en Twitter al preguntar al senador socialista Antoni Manchado si tenía envidia de las cuentas en Suiza del ahora dimitido Francisco Granados. La opinión del Govern en este caso se resume en una frase dicha por uno de sus miembros: “a Toni va a haber que quitarle el móvil”.
En el PSOE sigue el lío de las primarias. El último outsider ha sido Santi Morey, un ex concejal lanzado desde las sombras por Ramón Torres desde la agrupación de Ponent a ¡siete meses! de las primarias palmesanas. Torres manda un mensaje silencioso a Calvo para que mueva ficha y consensue un candidato. “No será Morey”, dicen en el aparato del partido, aunque él esté convencido del apoyo del histórico barón socialista en Ciutat. Si te apoyan sin decirlo, desconfía, amigo. En fin, cosas que pasan cuando la persona llamada a controlar los tiempos en un partido, está con la mira puesta hacia otro sitio.
Por cierto que en la dirección socialista se toman con mejor humor la irrupción de Morey que las noticias que llegan de otras regiones sobre su proceso de primarias abiertas. “En Valencia son 18.000 militantes y Ximo Puig esperaba que se apuntasen 12.000 ciudadanos, pero solo van mil de momento”, comentan. Mala señal si lo que se buscaba era abrir el partido a una sociedad que parece pasar de largo aunque le hayan dejado la puerta abierta. Proporcionalmente, una convocatoria así supondría que a los 2.300 militantes en las islas se unirían solo un centenar de ciudadanos sin carné. Sería un fracaso de movilización para el partido, pero la mayor damnificada tendría nombre: Aina Calvo, que necesita competir en la calle contra la abrumadora mayoría de apoyos internos de Francina Armengol.
