Democracia local en venta

Este 3 de abril se cumplen 35 años de ayuntamientos democráticos. Una conmemoración envuelta en recortes, retrocesos en calidad democrática, pérdida de autonomía local y de la función social que han ejercido como puerta de entrada al Estado del Bienestar.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha querido cargar sobre la espalda de los Ayuntamientos el muerto de la crisis, cuando la realidad es que tan sólo les corresponde el 4,1 % de la deuda pública.  Sólo el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de 7.500 millones de euros, así que si restáramos, la deuda de los Ayuntamientos sería de un 2,5% del total.

Los gobiernos del PP a lo largo de la legislatura han asestado un golpe mortal a los servicios más próximos y mejor valorados por la ciudadanía para resolver sus problemas, los Ayuntamientos. Desde el decreto Montoro para reducir el déficit, al regalo a los bancos del decreto de pago a proveedores (que prestaban a los ayuntamientos a unos intereses muy altos que les permite una financiación extra a costa del erario público) culminando el tiro de gracia con una reforma profunda de la administración local que es la guinda a este proceso de mercantilización del espacio público.

Lo que se esconde detrás de esta reforma es la perversa idea de que sobra democracia, instituciones, servicios públicos. Utilizando la crisis como excusa, la derecha quiere que la iniciativa privada colonice los espacios públicos y municipales transformando desde la proximidad el modelo de cohesión social que hemos construido las últimas décadas.

Los socialistas considerábamos que era necesaria una reforma del mundo local porque la ley se había quedado obsoleta.  Ahora bien, defendemos una ley que refuerce los Ayuntamientos en su papel para preservar la cohesión y la igualdad. Una ley que delimitara bien competencias, que los financiara correctamente, que racionalizara sueldos públicos, una reforma desde el valor de lo público. Por ello, el Partido Popular se ha quedado solo aprobando de manera unilateral una ley que es el mayor ataque al municipalismo en décadas. Una ley que es la antesala de privatizaciones, más co-pagos y más tasas por servicios que hasta ahora eran gratuitos, una reforma que conllevará más destrucción de empleo público -400.000 puestos de trabajo directos e indirectos- y que vacía de competencias a los municipios menores de 20.000 habitantes, que son el 90 % de los Ayuntamientos. Centros de día, residencias, exclusión social, políticas de igualdad o contra la violencia de género dejaran de ser responsabilidad de los servicios sociales municipales para depender del Consell de Mallorca. Quien en este tema y otros, como gestión de agua, alcantarillado, infraestructuras, mantenimiento, podrá hacer grandes paquetes que gestionarán las empresas desde una óptica ajena al servicio público. Por tanto, las políticas se alejan de la ciudadanía en un momento en que lo que se demanda es mayor proximidad y democracia participativa.

Ante estas agresiones el Partido Socialista junto con otras fuerzas políticas, hemos liderado desde los Ayuntamientos donde gobernamos un recurso ante el Tribunal Constitucional rechazando esta ley local. Ha sido avalado por 2.000 ayuntamientos -de Mallorca también – que representan a 15 millones de ciudadanos y ciudadanas. El primer recurso de estas características, porque entendemos que la unión hace la fuerza.

35 años después el poder local tiene un gran reto por delante. Sobreponerse al fundamentalismo económico neoliberal para poder hacer políticas públicas que generen bienestar social a toda la ciudadanía. Las próximas elecciones al Parlamento europeo del 25 de mayo son, sin lugar a dudas, una buena oportunidad para redirigir el cambio de política económica y desahogarnos  de tanto austericidio. Debemos reconquistar los espacios políticos, sociales e institucionales que tanto mercado nos está quitando.

* Silvia Cano, secretaria general de los Socialistas de Mallorca. 

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