viernes. 29.03.2024

El empresario de la comunicación Jacinto Farrús se sentará en el banquillo de los acusados, tal y como ha confirmado la Audiencia Provincial de Baleares mediante un auto, por presuntamente concertarse con exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) a fin de que sus empresas se vieran beneficiadas por la Administración durante la pasada legislatura, como recompensa por haber sufragado los gastos de la campaña electoral de 2007 del extinto partido.

Mediante un auto de ocho páginas, el tribunal de la Sección Primera desestima el recurso interpuesto por Farrús contra el auto por el que la jueza instructora del caso Voltor, Carmen Abrines, ponía fin a la instrucción de esta pieza separada y decretaba que continuara el proceso penal contra el empresario al igual que contra el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer.

En su resolución, la Sala señala que las diligencias practicadas arrojan indicios suficientes de que Farrús fue "actor principal en hechos que han servido para beneficiarle mediante dinero público y contrataciones", motivo por el que se le imputan delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y cohecho, cuya supuesta comisión el inculpado rebatía en su recurso.

Según alegaba su defensa, los hechos supondrían "a lo sumo" la financiación legal de un partido político y de contrataciones administrativas en las que finalmente "los contratos no fueron adjudicados a empresas integradas en el conglomerado de sociedades que controlaba directa o indirectamente".

No obstante, el tribunal apunta a la relación existente entre las empresas pertenecientes al Grupo Marxant, administrado por Farrús, y los contratos que habría obtenido como recompensa por haber sufragado los gastos de actos electorales de UM o a raíz de la contratación de trabajadores por mercantiles vinculadas a su grupo que luego eran cedidos para trabajar en el Consell. Hechos que, señala la Sala, deben ser objeto de un "completo esclarecimiento" en juicio.

Se trata de uno de los datos que arrojó Llompart en torno a la supuesta financiación ilegal del partido y que puso de manifiesto el imputado en una de las comparecencias voluntarias que realizó en dependencias de la Fiscalía en aras de colaborar con los investigadores. Las revelaciones de Llompart dieron lugar a la apertura, en el marco del caso Voltor, de esta pieza separada.

De hecho, en una de las tres declaraciones que prestó el encausado, relató cómo el entonces gerente del Inestur, Antoni Oliver, le ordenó que se reservasen partidas presupuestarias a favor de Farrús, y cómo Flaquer le instó a asesorar en lo referente a la parte técnica de los proyectos que presentase el empresario a fin de que éste acabase ganándolos, puesto que "se trataba de un tema directo de Maria Antònia Munar".

Así de contundente se mostró en referencia a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, quien, tal y como abundó Llompart en su deposición, le había ordenado a través de un exsocio de Farrús, Antoni Martorell, (actual editor de mallorcadiario y por aquel entonces vocero de Munar) que se debía recompensar a éste "por toda la ayuda que había prestado a UM con motivo de las elecciones de 2007" y que se concretaban en la compra de votos, la colocación de más de cien empleados, el pago de eventos electorales y la instalación de vallas y carpas.

Las investigaciones sitúan al dueño de Canal 4, Jacinto Farrús, en libertad bajo fianza de 100.000 dentro de esta causa, como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern, tal y como consta en el amplio sumario del caso.

Farrús será juzgado por ser cómplice de corrupción con UM