jueves. 28.03.2024

Tras la aprobación en el trámite del Congreso y Senado, y únicamente con los votos del partido del Gobierno, la Coalición Prointernet denuncia que todo el proceso legislativo ha cometido serias irregularidades en sus obligaciones europeas y, además, se ha realizado sin haber mantenido ni un solo contacto con las entidades afectadas, en un proyecto de ley que afecta a la libertad de expresión en vísperas de procesos electorales.

La Coalición Prointernet reitera su petición al Gobierno de la Nación para que paralice la entrada en vigor de la LPI, incluyendo el polémico artículo 32.2 y sus modificaciones, conocidos como “CanonAEDE”, y abra una verdadera mesa negociadora con todos los medios y entidades afectadas.

Irregularidades en el trámite europeo

La Coalición Prointernet ha podido saber, gracias a preguntas de parlamentarios españoles, que el proyecto de Ley que se envió en su día a las autoridades comunitarias no contenía alguno de los artículos más polémicos, como el 32.2 que regula el #canonAEDE. Esto puede suponer una seria traba en la puesta en marcha de la Ley

Fuentes de las Direcciones Generales Europeas afectadas, consultadas directamente por la Coalición Prointernet, han confirmado que la Ley debería haberse comunicado en su totalidad ya que “es una comunicación de obligado cumplimiento” y que “están monitorizando la situación” ante el incumplimiento por parte de España de este procedimiento. El gobierno Español, consultado asimismo por la Coalición ProInternet insiste en que sí ha comunicado, pero en una fecha en la que determinados artículos, como el polémico 32.2 o CanonAEDE, no podían haber estado incorporados, ya que se anunciaron con posterioridad. Esto significa que el Gobierno de España ha incumplido sus obligaciones con la Unión Europea, pese a que las normas son muy claras.

El no haber cumplido con este procedimiento esencial puede paralizar la aplicación de la Ley y tener consecuencias para el Estado Español en forma de graves sanciones. Sumado a la posición de la CNMC, esta situación abre la vía a una futura batalla legal tanto en España como en Europa

Desde febrero el Gobierno no ha comunicado la LPI a Europa

carta internetEl gobierno español está obligado a comunicar las nuevas normas a la UE que pudieran afectar el mercado común . El gobierno notificó en su momento (2013) un borrador de la LPI que no contenía el artículo 32.2 conocido como #canonAEDE. En una carta recibida por la Coalición Prointernet de la Dirección General Europea encargada del mercado único, esta ente ha confirmado por escrito a la Coalición que “las autoridades españolas han realizado modificaciones “ y que “deberán comunicarlas”.

La Coalición ProInternet muestra su sorpresa por la situación creada, en al que una Ley que se presentó con modificaciones sustanciales en febrero de 2014 no ha sido comunicada a las autoridades europeas en más de 9 meses. .

España bajo la lupa de la Vicepresidencia Europea

Por su parte el equipo de la Vice Presidencia ha confirmado por escrito, a petición de la coalición, que es esencial “preservar una Internet abierta es esencial para la innovación el crecimiento y el empleo”.

De acuerdo con la en ese momento Vicepresidenta Kroes, la nueva Ley española debe “cumplir la normativa de la EU, incluyendo las normas de competencia” y que por tanto, y tras la solicitud de la Coalición Prointernet“va a monitorizar este proceso, a la luz de las leyes de la UE”.

Este hecho es enormemente relevante al haberse ya pronunciado la autoridad española competente sobre el tema de competencia con su oposición frontal a la nueva tasa a agregadores. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ya mostró su oposición a la redacción de la ley finalmente aprobada al impactar en la competencia.

Hacia un "precipicio Digital"

Empresas españolas y multinacionales del sector ya han anunciado que cesarán sus actividades en España en el momento en que se ponga en marcha. Esto supone un “precipicio digital”, al que nos acercamos inexorablemente, y que supondría el primer caso en el mundo de cierre masivo de medios y agregados.

La Coalición ProInternet quiere expresar su más rotunda protesta ante el impacto de esta Ley, y sobre el precipitado desarrollo legislativo de un proyecto que daña las libertades y el desarrollo de la economía en Internet, y que se lleva a cabo por el Gobierno sin realizar ni una sola reunión con los afectados. Un impacto gravísimo, que sumado a otros muchos aspectos de esta redacción lleva a nuestro país a un “precipicio digital” de enorme relevancia para el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Oposición frontal de todo el sector e Instituciones

La Coalición Prointernet y otras entidades como la CNMC, CEOE, etc, así como decenas de miles de ciudadanos, ya han expresado y asentado en diversos informes el enorme impacto de esta modificación de la LPI, que requeriría, dada su transcendencia, de mayor diálogo con los sectores implicados y una cuantificación de su impacto en las libertades y el mercado de Internet en España y en Europa.

Seguimos haciendo una llamada al diálogo y el análisis antes de modificar sustancialmente la realidad de Internet en España con enormes riesgos para las empresas, el empleo y la libertad de información de los ciudadanos.

Coalición ProInternet denuncia que el gobierno ha actuado “a espaldas” de Europa con la...