Después de haber presentado alegaciones y que estas no hayan sido resueltas por parte de la Conselleria, el GOB advierte que una vez que el Parlament apruebe, previsiblemente hoy, el Proyecto de Ley
Agraria, remitirá una queja al Defensor del Pueblo para plantear un posible recurso de inconstitucionalidad por usurpación de las competencias urbanísticas desde una Ley, supuestamente agraria.
Este es uno de los principales puntos de oposición del GOB a este proyecto de Ley pero hay otros, vinculados a a cuestiones urbanísticas que consideran especialmente graves:
1) La Disposición Final 1ª de modificación a la baja de la protección territorial que define la Matriz de Suelo Rústico, especialmente en cuanto al suelo rústico protegido (como por ejemplo las ANEI, incluso de Alto Nivel de Protección). Una cuestión que no tiene ningún sentido en el contexto de lo que se supone que tendría que ser legislación agraria.
2) El establecimiento de una parcela mínima de 14.000 m2 para edificaciones de nueva planta, artículo 102.
3) El desarrollo de infraestructuras y equipamientos, sea cual sea el grado de protección urbanística del suelo rústico, según el artículo 106. En este caso, el anteproyecto trata con desprecio a los suelos "de baja productividad agrícola", considerándolos "marginales o degradados", descartando su valía ecológica o paisajística para ubicar todo tipo de instalaciones de carácter urbanístico más que agrario.
4) Las actividades ecuestres que se promueven con el anteproyecto suponen una elitización del "foravila", dado que esta actividad es recreativa-turística y no agraria. El artículo 59 exime, injustificadamente, a estas instalaciones de la preceptiva Declaración de Interés General.
5) Otras actividades definidas por el anteproyecto como actividades "complementarias” (artículo 82) y “actividades
complementarias agroturísticas de diversificación agraria" (artículo 85: agroocio, agrocultura, refugio, agroturisme...) quedarían exentas también de la preceptiva Declaración de Interés
General si prospera este anteproyecto de ley agraria (artículos 83 y 94.2 respectivamente).
Estas actividades definidas en los artículos 86 a 89, supuestamente complementarias, darían cobertura legal a la funcionalización urbano-turística del "foravila" de Baleares, en detrimento de su función agraria.
6) En general, la Disposición adicional segunda deja claro que queda sin efecto cualquier norma que exija la declaración de interés general para la implantación de actividades agrarias y complementarias.
7) El artículo 95.2 permite dividir o segregar por debajo de la unidad mínima en varios supuestos, entre los cuales establece un supuesto c) que define como “en otros supuestos análogos o similares, de carácter justificado, en los términos que se prevean reglamentariamente”. Se trata de un supuesto totalmente arbitrario
que da pie a la justificación de nuevas segregaciones con objetivos puramente especulativos.
8) La disposición adicional primera implica la legalización por ley de los edificios, construcciones e instalaciones
destinados a usos agrarios, ubicados en una explotación agraria y construidas con anterioridad a la Ley 1/1991 independientemente de la calificación del suelo, es decir, aunque se encuentren en una
área natural protegida.
En este sentido, el GOB considera que el anteproyecto favorece y promueve la desregulación del suelo rústico y la sustitución de la actividad agraria. Considera el GOB, que el anteproyecto tendría que respetar el interés general y el marco regulatorio urbanístico y ambiental y regular única y exclusivamente los aspectos vinculados a la actividad agrícola y ganadera. En este sentido por lo tanto, cualquier exoneración de cumplimiento de los parámetros urbanísticos y de la regulación ambiental con la excusa de favorecer la actividad agraria, parecen una clara regulación a la carta, contraria al interés público y una invasión y una usurpación competencial susceptible de ser objeto de recurso de inconstitucionalidad.
