El juez instructor del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío de millones de euros públicos a través del Instituto Balear de Turismo durante la última legislatura de Jaume Matas y del Pacte, ha puesto fin a la instrucción de una de sus piezas y ha abierto la vía para que se sienten en el banquillo los exaltos cargos Raimundo Alabern, Juan Carlos Alía y Miquel Àngel Bonet, por auspiciar el amaño de contratos públicos y su adjudicación 'a dedo' a cambio de comisiones.
En concreto, el juez Pedro Barceló les imputa delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, falsedad en documento mercantil y público, tráfico de influencias y cohecho activo y pasivo. Del mismo modo, el magistrado ha acordado que continúe el proceso penal para los empresarios supuestamente beneficiados por estas irregularidades: Kamal Dorai, la mujer de éste, Francisca Jaume, y Bartolomé Morey, quien ha colaborado con las investigaciones y ha confesado los hechos.
En su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez señala cómo Alabern y Alía, en su condición de directores gerentes del Ibatur, y Bonet, asesor jurídico de esta empresa pública, aprovecharon su cargo para resolver expedientes de contratación "de manera ilegal y arbitraria para favorecer económicamente" a los empresarios imputados, al tiempo que "obtenían beneficios con los porcentajes que sobre los contratos reclamaban y conseguían".
Todo ello con "desprecio" de las normas administrativas y legales de contratación y subvenciones públicas, evitando la posible concurrencia o intervención de terceros, fraccionando las cantidades en contratos menores para permitir su concesión directa, y haciendo uso de documentos oficiales de contenido "absolutamente inveraz".
Según sostiene la Fiscalía y recoge el juez en su auto, Alía, Alabern y Bonet actuaron "dando las instrucciones y las órdenes oportunas a los empleados y funcionarios del Ibatur para que se iniciaran determinados expedientes de contratación" que "necesariamente" serían adjudicados a Dorai, Jaume y Morey, al tiempo que los exgerentes de la empresa pública exigían "cantidades y regalos" que ascienden a 128.440 euros.
Una circunstancia que suponía, señala la resolución, un incremento en la facturación que soportaba el Ibatur ya que este porcentaje pagado a los funcionarios suponía el encarecimiento del precio de la contratación. Mientras tanto, en otras ocasiones la contratación era "simulada o ficticia", sin que existiera prestación de servicio alguna, lo que "se hacía para desviar fondos públicos en beneficio privado".
Del mismo modo que se realizaron estas prácticas para favorecer a los empresarios, también Alía resultó supuestamente beneficiado de forma irregular con dinero del Ibatur en compensación a su renuncia a la gerencia en el año 2004. Para ello, Bonet y Alabern decidieron que el exalto cargo debía ser gratificado económicamente mediante la simulación de contrataciones ficticias que no obedecían a necesidad pública alguna.
ALÍA SIGUIÓ EXIGIENDO COMISIONES TRAS DEJAR EL IBATUR
En concreto, Alía dejó el cargo a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern balear a Moscú, tras lo cual fue sustituido por Alabern. Así, dos meses después de renunciar a la gerencia, el exalto cargo constituyó en septiembre de ese año la sociedad Amengual&Pino Consultores, de la que era administrador único, a favor de la cual se crearon los expedientes de contratación.
La resolución judicial relata cómo desde que ocupó el puesto de gerente, Alía exigió a Morey -administrador de la empresa Centro de Comunicación Creativa- cantidades e importes como contraprestación a las contrataciones que obtenía del Ibatur, mientras que tras su renuncia y con el concierto de Alabern, siguió exigiéndole que le pagara un porcentaje aproximado al 15 por ciento tanto para él como para su sustituto en el cargo. De no hacerlo, se le amenazó con que "nunca más" trabajaría para la Administración.
El propio Morey manifestó durante la instrucción del caso que el pago de comisiones era una práctica "generalizada" y reconoció que él mismo abonó durante la última legislatura del PP (2003-2007) este tipo de pagos irregulares a Alía y Alabern, llegando a entregar un 10 por ciento de comisiones al primero y entre un 2 y un 3 por ciento a su sucesor.
Unas acusaciones a raíz de las cuales el juez decretó el 17 de julio de 2010 el ingreso en prisión sin fianza de Alía, quien, sin embargo, salió de la cárcel tres meses después tras abonar la fianza de 150.000 euros que finalmente acordó el juez para el imputado.
"ME DABA MIEDO DEJAR DE TRABAJAR SI DEJABA LA RELACIÓN CON ALÍA"
"[Alía] me dijo que montaría una empresa, buscaría clientes y me los traería, y le pagaría una comisión", mientras que las de Ibatur "se las tenía que seguir pagando", relató el publicista, reconociendo que estaba interesado en seguir colaborando con Alía ya que le seguía "compensando". Es más, hizo hincapié en su declaración en que le daba "miedo" que si cortaba la relación con él, dejaría de trabajar con el Ibatur.
Cabe recordar que el caso Ibatur se inició en febrero de 2009 y desde entonces se han registrado en él hasta cinco operaciones policiales. Los investigadores apuntan a que el Ibatur efectuó principalmente entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.
En el marco de esta causa ya fue condenado Bonet por la Audiencia Provincial de Baleares, en concreto a dos años de cárcel, al reconocer haber desviado hasta 95.536 euros del Ibatur a las cuentas de varios familiares entre 2003-2007. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente para él cinco años y tres meses. Bonet ha sido detenido hasta en dos ocasiones por este caso.
Es más, tanto Alía como Bonet se enfrentan a diferentes peticiones de cárcel en el marco de otra causa de corrupción, el caso Nóos, mientras que Alabern también se encuentra en el foco de las investigaciones del caso Palma Arena.
