jueves. 28.03.2024

Un funcionario del Ayuntamiento de Palma, Pedro T., quien se encuentra en prisión provisional por su presunta vinculación con la trama de corrupción investigada en el seno de la Policía Local, ha destacado ante el juez el papel que ejercía el expresidente del PP municipal José María Rodríguez en el Consistorio -pese a no ostentar ningún cargo público-: "No le hacía falta ser concejal para colocar a sus franquiciados" en el Ayuntamiento.

Tal y como han informado fuentes jurídicas a Europa Press, ha señalado que él mismo fue, de hecho, nombrado como responsable del departamento de sanciones por Rodríguez -quien esta semana ha dimitido como presidente del PP de Palma a raíz de estas pesquisas-, como también el entonces gerente de Urbanismo y un arquitecto, de tal modo que así podía influir en las decisiones de esta área.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12, Manuel Penalva, el encausado, quien este jueves ha sido excarcelado para poder ser interrogado, ha señalado que todos ellos fueron propuestos por el PP y trabajaban "más por el interés particular de algunos" que por el interés general.

Sobre las acusaciones que pesan sobre el propio funcionario, éste ha asegurado que nunca ha pedido sobres con dinero a empresarios a cambio de hacer la vista gorda en relación a posibles inspecciones o a cambio de levantar determinadas medidas cautelares.

De hecho, ha negado haber cobrado hasta 3.000 euros a cambio de favorecer los intereses de esta trama corrupta, ante lo cual el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, presente en la comparecencia, ha llegado a espetar que debido a los indicios que pesan sobre Pedro T. "yo le llamo a usted el de los 3.000".

El investigado ha manifestado en esta línea que tampoco ha recibido favores sexuales en el marco de esta trama.

Según ha relatado, fue cuando llegó al departamento el responsable Javier P. cuando comenzaron a producirse arbitrariedades en relación con la imposición y retirada de sanciones. Es más, ha recordado que en 2014, tras volver de vacaciones, detectó que había un expediente abierto del que no se había dado traslado a nadie y que, cuando dio cuenta de su irregularidad al secretario municipal, fue cesado.

Entre las conductas desplegadas por los agentes investigados se encuentran, según los investigadores, "la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio, las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes".

"Rodríguez no necesitaba ser concejal para colocar a los suyos"