Som Palma ha reclamado una auditoría externa "urgente" del Instituto Municipal de Innovación (IMI), con el objetivo de clarificar la situación del organismo y de las irregularidades presuntamente producidas en la entidad, además de continuar el proceso de anulación del contrato con T-Systems, empresa que gestiona los servicios informáticos del Ayuntamiento de Palma.
Se trata, a juicio de la formación, de una medida que supone "un paso en la dirección correcta para liquidar un contrato que tiene atado de pies y manos al Ayuntamiento desde hace años".
El partido ha realizado estas consideraciones después de que el gobierno municipal haya nombrado al nuevo gerente del IMI, Oscar Cereijo, quien se encargará "de la necesaria reestructuración de este departamento".
Según Som Palma, el déficit actual del servicio informático del Consistorio es consecuencia "del millonario contrato" firmado con T-Systems en 2004 y sus sucesivas modificaciones bajo el gobierno del PP.
"Este es uno de los contratos más importantes que tiene el Ayuntamiento, de seis millones de euros anuales, y desde el inicio del mismo se han detectado numerosas irregularidades y presuntos incumplimientos significativos del contrato. Es decir, que la empresa podría haber cobrado por servicios que no se han prestado", han manifestado desde la formación.
Tal y como han incidido, el inicio del expediente de nulidad es el único medio para mantener el servicio hasta que haya un nuevo contratista y "es el camino que da al Ayuntamiento de Palma seguridad jurídica. La voluntad de todo el equipo de gobierno es terminar lo antes posible y de la forma legalmente más adecuada con esta situación y definir un nuevo modelo informático para poder acabar con el retraso que sufre el consistorio".
"Som Palma también consideramos que es urgente una nueva auditoría externa y pública del servicio y de la contratación con esta empresa para detectar todos los posibles incumplimientos y tomar las iniciativas legales que correspondan", añaden en este sentido. "Hay que sacar al escrutinio ciudadano las conductas reprobables que haya podido cometer la multinacional".
De hecho, abundan en que la ciudadanía "tiene derecho a saber qué ha pasado en el IMI y quién, cuándo y dónde se han lesionado los intereses colectivos. No podemos mirar hacia otro lado cuando se trata de dinero público".
"Pensamos que el camino más lógico es dotar al IMI de los medios necesarios para poder desarrollar su tarea, opción que supone un ahorro, más transparencia y más eficiencia en la prestación del servicio", señala Som Palma, aseverando que "aun así nos vemos afectados por la llamada Ley Montoro, que limita mucho la capacidad de las administraciones locales para contratar personal o aumentar estructuras".
A su juicio, una alternativa podría pasar por sacar a concurso una nueva licitación para que se puedan mejorar los procesos informáticos en Palma "a un coste razonable, siempre con el objetivo de ofrecer una atención ciudadana de calidad y de fácil acceso a la institución".
