Agentes de la Policía Nacional han liberado a dos mujeres que eran explotadas sexualmente en clubes de Mallorca, Valencia y Lanzarote y ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar de nacionalidad rumana que obligaba a las jóvenes a ejercer la prostitución y a que les entregaran todas sus ganancias.
El cuerpo policial informa de que "una de las chicas había sido drogada, golpeada y violada durante años por los miembros del clan y, cuando se cansaron de ella, la vendieron a otra red de origen albanés, que continuó con su explotación sexual".
En relación a la otra víctima, la Policía señala que "la que habían fotografiado ejerciendo la prostitución y la sometían amenazándola con enviar las fotos a su familia y a su ex pareja para que le quitaran la custodia de su hija de tres años".
DROGADA, VIOLADA Y AGREDIDA
La investigación se inició el pasado mes de mayo "a partir de la denuncia de una mujer que relató a la Policía cómo había sido captada por un clan familiar de ciudadanos de nacionalidad rumana para venir a España, ofreciéndole la posibilidad de trabajar en España, donde ganaría suficiente dinero para mejorar las condiciones de vida tanto suyas como de sus familias".
Una vez en España, la víctima "había sido obligada a ejercer la prostitución en clubes de alterne de distintas localidades como Palma, Valencia o Lanzarote" y "debía realizar los servicios sexuales que le encomendaban y una vez terminada su jornada tenían que entregar a los tratantes la totalidad del dinero recaudado".
Según la Policía, "para doblegar su voluntad, los miembros del clan no dudaron en amenazarla, agredirla, drogarla, violarla y humillarlas durante años" y "cuando se cansaron de ella, pues consideraron que ya no iban a obtener suficientes beneficios de su explotación, se deshicieron de la joven vendiéndola a otra organización de origen albanés que la llevó a Alemania, donde continuaron explotándola sexualmente".
MIEDO A REPRESALIAS
Dos años después, la víctima logró escapar de esta organización y regresó a España, donde fue atendida por una ONG especializada en la atención a víctimas de trata de seres humanos.
La joven, por el miedo a posibles represalias por parte de los tratantes y a las condiciones en las que ha vivido los últimos años, tuvo que ser internada en un centro de asistencia psiquiátrica debido al síndrome postraumático que presentaba.
Finalmente la chica decidió denunciar. Los agentes, después de ofrecerle todas las medidas de protección y asistencia previstas en la legislación, pusieron en marcha una investigación con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados, llegando así a localizar el clan ahora desarticulado.
Las investigaciones llevaron a la Policía a averiguar la existencia de otra víctima del mismo clan que estaba siendo explotada en Lanzarote, por lo que inmediatamente hicieron las gestiones necesarias para su localización.
La joven también había sido captada en Rumanía —en este caso por la matriarca del clan— con falsas promesas de trabajo en España y, ante la situación de necesidad en la que estaba viviendo, con una hija de tres años a su cargo, había aceptado la propuesta. Una vez en España, el clan la obligaba a ejercer la prostitución y a entregarles todo el dinero que obtuviera a cambio de sus servicios, no dudando en golpearla si se negaba a hacerlo.
Tras obtener todas las pruebas necesarias, los agentes, pertenecientes a la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, los agentes de las UCRIF de Mallorca y de Madrid y agentes de la UFAM de Arrecife (Lanzarote), procedieron a la detención de los cuatro personas de origen rumano, todos ellos pertenecientes a mismo clan familiar por delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y otros.
'CON LA TRATA NO HAY TRATO. DENÚNCIALO'
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, en funcionamiento desde 2013 y que motivó la activación de la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo [email protected] para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
Desde la puesta en marcha de dicho plan, la Policía ha detectado a más de 30 000 víctimas potenciales de este delito, de las que más de 150 eran menores de edad.
