Solicita que continúe el proceso penal contra Nadal y varios exaltos cargos de la extinta formación de cara a su enjuiciamiento
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo de la imputación de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar así como de otros siete investigados por el presunto desvío de 60.000 euros públicos a favor de Unió Mallorquina (UM) y de Minser, una de las principales contratistas de la formación cuando su dirigente histórica estaba al frente de la Institución insular.
Mediante un escrito de 18 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público sí reclama que continúe el proceso penal contra el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, su exvicesecretaria técnica Eugenia Cañellas, el exjefe de la secretaria de Presidencia Antoni Salom y los propietarios de Minser, Juan Carlos Escuer y Gabriel Ribas.
Los fiscales consideran que todos ellos "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" en 2006 una serie de actuaciones dirigidas a sustraer "importantes" cantidades de fondos públicos con la adjudicación a Minser de contratos que eran "una mera ficción" y que, en última instancia, acabaron beneficiando a UM y a la figura de Nadal.
La acusación considera, sin embargo, que no hay indicios suficientes para dirigir acciones penales contra Munar y otros exaltos cargos como el exconseller de Obras Públicas Antoni Pascual, el exdirector insular de Carreteras Gonzalo Aguiar, la exdirigente de UM María José Rodríguez y la exsecretaria de Nadal Antònia Vidal.
En su escrito, con el que la Fiscalía pide que se ponga fin a la instrucción de esta causa como paso previo a su enjuiciamiento -lo que se conoce como pase a procedimiento abreviado-, relata cómo Nadal se concertó con los propietarios de Minser para hacerles adjudicatarios de dos encargos por 30.000 euros cada uno a fin de que la empresa contratase a determinadas personas que, o bien desarrollarían sus servicios para UM o bien serían dadas de alta sin realizar labor alguna y cuyo sueldo sería abonado al partido.
Por su parte, Cañellas era la encargada de individualizar, seleccionar y definir a las personas que debían ser contratadas por Minser, cuyos administradores, a cambio, serían retribuidos con futuros expedientes públicos.
Según los fiscales Juan Carrau y Ana Lamas, Cañellas redactó los pliegos de cada uno de los expedientes y fue designada como la persona encargada de velar por el cumplimiento de los respectivos contratos, cuyo objeto supuestamente ficticio era la realización de un informe sobre señales de tráfico en las carreteras de Mallorca y otro sobre los hábitos de lectura entre los jóvenes. Por su parte, Antoni Salom se habría encargado de firmar los documentos necesarios para poder llevarse a cabo la contratación.
Por su parte, Ribas y Escuer, quienes fueron detenidos en mayo de 2012 a raíz de estos hechos y permanecieron un mes en prisión sin fianza, colaboraron de este modo "en la financiación de UM", tal y como postula la Fiscalía, y ello con su participación en los dos expedientes a través de empresas que pertenecían al mismo grupo, conculcando así la libre concurrencia al proceso.
FONDOS DESTINADOS A LA PROPAGANDA ELECTORAL DE UM
La acusación pública recalca en este contexto cómo los fondos fueron dirigidos "exclusivamente" a actividades de publicidad o propaganda electoral de UM. "Los dos expedientes carecen de utilidad pública y su única finalidad era sustraer fondos públicos insulares y destinar su importe a la contratación de personas que, en definitiva, prestarían sus servicios en la sede de UM o cuyo salario sería abonado al partido por no desarrollar trabajo alguno", abunda.
Es más, subrayan los fiscales que, además de beneficiar económicamente a la formación regionalista, "suponía un beneficio particular de los intervinientes, ya que los investigados veían reforzada su posición en el partido".
Cabe recordar que el pasado 18 de febrero, Munar fue excarcelada del centro penitenciario de Palma, donde se encuentra ingresada desde el 24 de julio de 2013 con dos condenas por corrupción que suman once años y medio de cárcel, para prestar declaración por estos hechos y, en su comparecencia, se desvinculó de la tramitación de los expedientes investigados.
De forma paralela, la expresidenta 'uemita' prevé ser juzgada próximamente por el soborno de cuatro millones de euros que tanto ella como otros dos exaltos cargos públicos de UM habrían recibido de la promotora Sacresa a cambio de serle adjudicados los terrenos palmesanos de Can Domenge. Anticorrupción y el Consell, personado como acusación particular, solicitan cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la expolítica, acusada de un delito de cohecho pasivo.
Asimismo, tanto Escuer como Rivas ya fueron arrestados en febrero de 2010 en el marco de otra causa de presunta corrupción, el caso Voltor, por un presunto desvío de fondos desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a Minser mediante subvenciones y contratos ilegales.
DISOLUCIÓN DE UM El estallido del caso Voltor llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.
Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesaban a sus espaldas.
