La nueva ley no pone techo a las plazas turísticas, según Terraferida

Vista de Mallorca
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La agrupación Terraferida asegura que la nueva ley turística de Baleares no pone techo a las plazas vacacionales de las Islas. Y que tampoco se combaten las consecuencias del ‘boom’ del alquiler de viviendas. Así lo reflejan en las alegaciones, presentadas al anteproyecto de Ley del Turismo que impulsa el Govern, en las que tanto el techo de plazas, como el alquiler masivo de viviendas a turistas, son los dos aspectos más destacados.

Terraferida pone en relieve que los mensajes son disonantes: por una parte, la Conselleria de Turisme habla de techo real, mientras el texto lo desmiente. “La propuesta determina que, el techo máximo de plazas por isla, son las que hay legales más las que hay en las bolsas de plazas públicas o administraciones turísticas insulares”. Dicen que esto deja abierto y a decisión de los Consells la capacidad de ampliar este techo, mediante Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos, y ya prevé que será superior al actual.

La propuesta de ley, según Terraferida, tampoco concreta de qué número de plazas se parte, qué número de plazas legales hay actualmente, cuántas hay en las bolsas de intercambio o cuantas plazas ilegales se estima que puede haber.

Puerta abierta a más plazas

La entidad considera que el hecho de no marcar un techo claro y dejar la puerta abierta a más plazas, es una clara apuesta por una política turística de masificación. Así se obvian los límites de los recursos naturales, las infraestructuras, la capacidad de carga real del territorio, el bienestar de la población residente y la satisfacción de los visitantes.

“Tenemos 306 plazas hoteleras por cada 1.000 habitantes”, aseguran, y también que somos la primera comunidad del mundo en esta situación. A esto se suman las plazas en viviendas turísticas y la oferta ilegal. Por eso proponen “fijar un techo claro, no ampliable y con mecanismos para ir reduciéndolo, recuperando la idea de dar dos plazas de baja por cada nueva plaza creada”.

A la entidad se le ‘hace difícil’ comprender cómo un gobierno progresista dicta una ley que añade más presión al territorio, tras las ‘irregularidades de estos últimos años, como “amnistía de plazas, chalets ilegales en suelo rústico, urbanizaciones, canteras, construcción sin alcantarillado… y ahora se quiere legalizar la conversión de viviendas en pisos turísticos. La nueva ley no puede ser una amnistía más”.

La calidad de vida del residente

Terraferida concluye advirtiendo de algunas consecuencias del alquiler turístico, como el hecho de que ‘dispara’ la urbanización del territorio, dificulta la incorporación y la continuación de agricultores, complica el acceso a la vivienda por la subida de los alquileres o que devalúa zonas residenciales.

La entidad incide en que es básico no permitir la mezcla de usos turísticos en zonas residenciales, especialmente en bloques de pisos y, por ello, pide al Govern que no permita comercializar turísticamente las viviendas plurifamiliares.

Además, reclama que no se pueda renovar la licencia para ejercer el alquiler turístico en las viviendas ilegales existentes en suelo rústico, la prohibición en suelo rústico de las nuevas licencias de viviendas vacacionales, y una moratoria de plazas turísticas durante estos meses de tramitación de la ley, para evitar que muchos de los nuevos proyectos eviten tener que adquirir plazas en la bolsa existente.

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