Desde Pimem se ve con preocupación la prohibición de nuevas altas en estancias en suelo rústico, porque ‘incentivaría aún más el abandono del medio agrario’, limitando la posibilidad de incrementar las rentas del medio rural con la oferta complementaria.
La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha presentado alegaciones al anteproyecto de modificación de la Ley Turística de Baleares en las que se posiciona a favor de una regulación flexible para la comercialización de las estancias turísticas, con el fin de evitar el desincentivo en la entrada en el mercado de nuevos tipos de operadores, la protección de los intereses de unas pocas empresas y, en último extremo, un perjuicio para consumidores y usuarios.
Con todo, la Federación considera necesaria una regulación del mercado de viviendas turísticas, con el fin de hacer frente a la economía sumergida y propiciar una distribución justa de la riqueza, según informan.
La propuesta de Pimem se centra en estudiar la forma en que los propietarios pueden hacer un mejor aprovechamiento del medio ambiente, sustituyendo sus antiguos usos en actividades lucrativas fundamentadas en su aprovechamiento turístico.
Se plantea también otorgar o conceder los alojamientos turísticos en el medio rural en función de las hectáreas disponibles.
Antigüedad
Entre las 18 alegaciones presentadas, se señala también el desacuerdo con la exigencia de antigüedad de inmuebles de más de 10 años.
Desde la Federación se apunta a que este plazo es ‘arbitrario y desorbitado’, puesto que el turismo de calidad se ve beneficiado con infraestructuras nuevas con mejoras en la eficiencia energética. Así, se propone que el límite de antigüedad se establezca en los tres años.
La Federación considera que la temporalidad en el otorgamiento de licencias cada cinco años supone un nuevo agravio comparativo y vulnera los principios de regulación económica eficiente. En este sentido, la propuesta de Pimem pasa por que la licencia debería ser indefinida hasta el cese de la actividad, aunque la Administración pueda solicitar prueba de actividad cada cinco años y si ésta no se acredita, se daría de baja.
