jueves. 28.03.2024

Aptur-Balears ha hecho llegar este martes a la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, sus "líneas rojas" en cuanto a la modificación de la Ley de Turismo para regular el alquiler vacacional.

Entre ellas, figuran cuestiones relativas a la obligación de disponer de contadores oficiales de gas y agua, limitaciones a viviendas en función de su antigüedad o la prohibición de realizar el arrendamiento por parte de la comunidad de vecinos, entre otros aspectos.

Aptur ha trasladado sus reivindicaciones a la directora general en una reunión mantenida en la sede de la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo con las sectoriales de Turismo de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), según ha indicado Aptur en una nota de prensa.

La asociación de alquiler vacacional ha manifestado su "preocupación" por la "incompatibilidad" de la modificación de la Ley de Turismo con otras leyes estatales y europeas, como la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Arrendamientos Urbanos.

También ha expresado su inquietud ante los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y del Ministerio de Economía "que ponen en duda la nueva regulación".

Además, Aptur ha comunicado a la directora general que está estudiando la preparación de "todo tipo de acciones y recursos legales o judiciales, incluida la vía penal".

Líneas rojas de Aptur

Entre las "líneas rojas" de Aptur a la modificación de la Ley, piden que no se permita que la zonificación y el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) puedan prohibir las estancias turísticas en función de su tipología; además, hasta que no se apruebe la bolsa de plazas específica solicitan que la modificación de la ley especifique "de manera clara" que la bolsa existente actualmente sea de uso mixto (alojamiento y estancias) desde la entrada en vigor de la aprobación de la modificación de la ley.

Por otro lado, Aptur quiere eliminar el periodo de cinco años que afecta a las viviendas plurifamiliares para revisar la renovación de la Declaración Responsable de Inicio de la Actividad Turística (Driat), equiparándolo a los unifamiliares.

También propone que la prohibición en suelo rústico protegido sólo afecte a las Áreas de Alto Nivel de Protección (AANP) y a las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y que la limitación de los cinco años de antigüedad y residencia anterior sea para las edificaciones cuya construcción se lleve a cabo desde el momento de la aprobación de la modificación de la ley.

En cuanto a las comunidades de vecinos, Aptur considera que los estatutos de la misma deben prohibir expresamente el alquiler vacacional y que en caso contrario se considere que se autoriza la actividad.

En lo que respecta a la obligación de instalar contadores oficiales de gas y agua, abogan por que se modifique por medidores de gas y agua.

Asimismo, sugieren que la situación legal de las viviendas que tengan autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la ley quede especificada de manera clara en la Disposición Adicional Transitoria.

Finalmente, en cuanto a la sanción correspondiente a la infracción grave, solicitan eliminar la especificidad prevista por la no presentación de la declaración responsable, que consiste en una sanción de 20.000 a 40.000 euros.

Por todo ello, Aptur ha pedido al Govern y a los partidos políticos del Parlament que "saquen adelante una ley sólida, respetuosa con el resto de regulación, que no tenga que ser revocada posteriormente por organismos superiores".

Albergues de Balears

En la reunión con la directora general de Turismo ha participado también el presidente de la Asociación Profesional de Albergues de Balears, igualmente miembro de Pimem, Miquel Oliver.

Miquel Oliver ha transmitido a Pilar Carbonell su "preocupación" por la modificación de la Ley de Juventud, que pretende prohibir que los albergues se anuncien a través de Internet.

Oliver ha pedido la anulación de esta prohibición, que ha calificado como "anacrónica y perjudicial para el sector".

Aptur-Baleares traslada al Govern sus "líneas rojas" sobre el alquiler turístico