Cladera acusa a Rajoy de incumplir su palabra con el nuevo sistema de financiación

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de «incumplir su palabra» al asegurar que este año habría un nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y ha lamentado que la falta de consenso entre autonomías impida conseguir «un modelo que sirva a todo el Estado».

Así lo ha expresado este martes Cladera durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos para explicar la actual situación de las negociaciones para conseguir un nuevo modelo en la que ha asegurado que «a estas alturas ya debería estar hecho, aprobado y en pleno funcionamiento».

En este sentido, la consellera ha pedido «rigurosidad» a la hora de diseñar el nuevo Sistema de Financiación, alejado del actual debate «poco científico, porque se basa en variables no muy sólidas y difíciles de gestionar de manera homologable».

«Sigo echando en falta una propuesta por parte del Gobierno rigurosa, real, valiente y seria. Se ha escondido en una excusa tras otra desde 2014. Volvemos a estar en el punto de partida. No hay voluntad política de iniciar una reforma del sistema», ha criticado.

«Decepción» con el informe Expertos

Cladera ha vuelto a mostrar su «decepción» con respecto al informe realizado por la Comisión creada para el estudio de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica en cuanto a las soluciones que plantea y ha asegurado que «por este camino no se resolverán los principales problemas del actual sistema».

En dicho estudio, se constata que la financiación por habitantes ajustado es desigual y poco claro; que hay una insuficiencia de recursos en su reparto; que no hay un mecanismo que garantice el equilibrio en el reparto de recursos; que es un sistema complicado; y que no respeta la ordinalidad, entre otros.

Sin embargo, ha dicho, el estudio «no ataca adecuadamente y de forma valiente» las deficiencias del sistema. «Esto es lo que queremos cambiar. Necesitamos un giro en la manera de enfocar el diseño del nuevo SFA e ir mucho más allá de las recetas que se plantean en el informe de la comisión», ha señalado la consellera.

Igualmente, Cladera ha lamentado que los votos particulares hayan sido «más voluminosos» y que «defendían los intereses de cada comunidad autónoma en lugar de intentar conseguir un modelo que sirviera a todo el territorio español».

«Es cierto que al final la mecánica y la metodología utilizada ha conducido a la comisión hacia preferir hacer un leve lavado de cara del actual modelo, en lugar de explorar realmente mejoras del sistema que permitan avanzar hacia el federalismo fiscal, potenciar el autogobierno, aumentar la corresponsabilidad de las autonómica y mejorar la capacidad de gestión de los ingresos», ha comentado.

Sistema actual

Actualmente, las Islas son la segunda comunidad autónoma que más dinero aporta al sistema de financiación y la novena en recibir recursos en la distribución final. En cifras, en 2015 Baleares recibió 347 millones de euros menos de los aportados. Por este motivo, la consellera ha asegurado que desde el Govern se reclama que se aplique «de una vez por todas» el principio de ordinalidad.

«Arrastramos una falta de financiación histórica, todos la hemos sufrido y sufrimos, y esta mochila provoca una debilidad para desplegar nuestros servicios públicos, y además ha ido creciendo de manera que ha generado un fuerte incremento de la deuda de la comunidad autónoma», ha lamentado Cladera, quien calcula que la infrafinanciación desde 2002 se sitúa en torno a los 5.000 millones de euros.

Igualmente, la consellera de Hacienda ha recordado que se arrastran cerca de 6.000 millones de euros de deuda con el Estado y por ello ha pedido una condonación parcial de la deuda, «lo que significaría pactar una compensación para las Islas».

Esta condenación, ha añadido, se plantea como «una salida a una situación que penaliza nuestro autogobierno y que perpetúa una sensación de chantaje en la que el Estado aprieta los únicos canales de financiación que quedan abiertos a las comunidades autónomas».

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