Siguiendo con la eterna lectura de un sumario realmente muy amplio, Sbert habría presionado al Ayuntamiento de Calvià para paralizar unas obras de la competencia, pinchazos telefónicos revelan un presunto trato de favor a negocios de Cursach por parte de guardias civiles de Calvià, la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, no sabría nada de la trama y una empresaria (entre tantos profesionales del sector) asegura que le pidieron 400 euros semanales para no recibir inspecciones de la Patrulla Verde.
Intentando aclarar una realidad que se enmaraña cada vez más, la lectura del sumario del Caso Cursach, con todos los casos relacionados de una u otra forma, no aporta muchas luces.
El directivo de Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, habría llamado al director general de Turismo del Ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, y habría realizado otras llamadas con el objetivo de presionar para paralizar unas obras que estaba realizando una empresa de la competencia.
Así se escucha en conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores y recogidas en el sumario. "Lo que tenemos que hacer es destrozarlo a este hijo de puta", dice Cursach en una de las grabaciones.
De esta manera, Sbert, junto a Bartolomé Cursach hijo se pusieron en contacto en distintas ocasiones con personal del ayuntamiento para paralizar estas obras (“tenemos que hablar con "estos" del Ayuntamiento para paralizarlo) (sic).
Asimismo, Sbert también habló con A.T., que finalmente consiguió paralizar la obra y hablar con el Ayuntamiento para que se dieran por terminadas las obras "sí o sí", según el sumario.
Sin sanciones ni multas
Por otro lado, otras conversaciones desvelan que el ex inspector de la Policía Local de Palma, Antoni Bergas, utilizó sus relaciones y contactos como antiguo miembro de la Policía para no pagar sanciones o retirar multas a sus conocidos.
Así, habría presionado a la coordinadora general de Infraestructuras, Virgina Abrahams, a quien habría llamado "subnormal" para que permitiesen la instalación de unas pancartas del Grupo Cursach, que habían sido retiradas por sus deficiencias.
También habría amenazado con efectuar una serie de denuncias sobre otros eventos o establecimientos de la competencia.
Según las conclusiones iniciales del juez, Sbert le habría a dicho a Bergas que no cumpliese las amenazas por las repercusiones. Además, se resalta que el estatus de Bergas en la organización del Grupo es tal que se le permite tomar decisiones y asistir a reuniones de alto nivel.
Carbonell: "En ningún momento se ha dado trato de favor a nadie"
La directora general de Turismo, Pilar Carbonell, ha asegurado este martes que desde que ella ocupa este cargo en la Conselleria "en ningún momento se ha dado trato de favor a nadie".
En declaraciones a los medios, se ha referido así al caso Cursach y ha hecho hincapié en que desde la Dirección de Turismo se intenta "atender de la mejor manera posible tanto a ciudadanos como a empresarios. Somos una administración pública, atendemos a todos, así lo hacemos y lo haremos sin ninguna distinción", ha remarcado.
Desde su Conselleria se han referido también este martes a las informaciones periodísticas sobre a las obras en Megapark. Así, se ha explicado que las consultas sobre los expedientes de obras suelen tener que ver con el hecho de que los trabajos solo se pueden realizar durante temporada baja, lo que implica que los plazos suelen ser ajustados.
Según indican, en este caso concreto, como en cualquier otro, el gerente del grupo Cursach, Bartolomé Sbert, charló con la directora general para interesarse por su expediente. Así, Carbonell "únicamente le informó del estado de la tramitación".
Pinchazos telefónicos y guardias civiles de Calvià
Las conversaciones telefónicas intervenidas revelan un presunto trato de favor a los negocios del Grupo Cursach por parte de diferentes agentes de la Guardia Civil en Calvià.
Mediante grabaciones a un empleado de BCM, los investigadores detectaron "múltiples relaciones con miembros de la Guardia Civil". Algunos de estos agentes presuntamente daban el ‘agua’ si se acercaban otros guardias civiles a BCM. Asimismo, en distintas conversaciones, los empleados dividen a los agentes de la Guardia Civil refiriéndose a ellos como los "otros" o "los nuestros".
Otras conversaciones telefónicas intervenidas también pondrían de manifiesto que en negocios del Grupo se producen "supuestos ilícitos de detención ilegal, lesiones y otros delitos conexos" y que "ciertos agentes de la Guardia Civil no están persiguiendo dichos delitos a pesar de tener indicios suficientes", según el sumario, lo que "confirmaría el trato de favor que reciben por parte de la Guardia Civil" tal y como han declarado varios empresarios de Magaluf que aseguraron ser víctimas de acoso por parte del entorno de Cursach.
Estos empresarios denunciaron la comisión, de forma organizada, de delitos de coacciones, amenazas, lesiones, cohecho y prevaricación por parte de empleados de Cursach "en connivencia con funcionarios públicos, en especial Policías Locales de Calvià y Guardias Civiles", según recoge el juez en un auto del sumario.
También relataron cómo los empleados de Cursach presumían de controlar a la Policía Local de Calvià y a la Guardia Civil, y que de hecho, los perjudicados no habían conseguido "amparo alguno" de estas fuerzas de seguridad tras las múltiples denuncias interpuestas".
Asimismo, el sumario incluye una línea de investigación dentro de la causa en relación a dos guardias civiles vinculados a una empresa de seguridad privada.
400 euros semanales para ‘eludir a la Patrulla Verde’
El sumario incluye muchos testimonios de empresarios del sector del ocio que han relatado el acoso sistemático en forma de inspecciones injustificadas. Entre ellas una empresaria que asegura tuvo que pagar durante meses 400 euros semanales a cambio de la licencia de actividades y de no acosar a su negocio con inspecciones y sanciones de la Policía Local y de la Patrulla Verde.
Cuando no pudo afrontar los pagos semanales, comenzó a recibir inspecciones con mucha frecuencia, "cada diez o 15 días", y todos sus empleados se marcharon. Otro empresario afirmó que era 'vox populi' que la competencia de los locales de Cursach era "machacada a base de inspecciones" con el fin de que "no levantaran cabeza", igual que “pasaba en Ibiza”.
