El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado dejar en suspenso de forma cautelar el acuerdo del Parlament, que había fijado para este próximo lunes, 9 de octubre, la comparecencia ante la Cámara del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y abordar los resultados del 1-O, según informa Europa Press.
La suspensión se produce a petición del PSC, mediante recurso de amparo en el que defiende que el acuerdo d el Parlament para la comparecencia del presidente vulnera los derechos de los diputados de la Cámara catalana.
Los socialistas invocaban en su recurso el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC que le habilita a suspender de forma total o parcial el objeto del recurso de amparo (la petición de comparecencia de Puigdemont) en el momento "de la admisión a trámite".
¿Qué es una DUI?
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que el Govern catalán proclamará la independencia de Cataluña "en cuestión de días", abriendo así la puerta a una declaración unilateral de independencia (DUI), cuando el gobierno de una región se declara como Estado soberano e independiente sin un acuerdo formal con el país del cual declara su secesión.
¿Qué dice el Derecho Internacional?
El derecho internacional no prohíbe el Derecho de secesión, que significa que los Estados puedan incorporar en sus Constituciones y sus legislaciones procedimientos de separación para las comunidades que los integran.
Sin embargo, la secesión unilateral no es aceptada por ninguna Constitución del mundo (salvo en Liechtenstein, Etiopía y San Cristóbal y Nieves) y ha sido negada por los Tribunales Supremos de países tan descentralizados como Canadá o Estados Unidos, según un artículo del experto en Derecho Internacional José Antonio Perea.
En el caso español, el TC estableció en 2014 que "en el marco de la Constitución, una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España".
La Carta de las Naciones Unidas reconoce la libre determinación o el derecho de autodeterminación, por lo que "todos los pueblos pueden determinar libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural".
Libre determinación
Introducido paralelamente al proceso de descolonización, sólo cabe plantearlo ante los supuestos de territorios anexionados por conquista, dominación extranjera u ocupación y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos.
No obstante, políticos y académicos soberanistas de Cataluña citan "dictámenes recientes" del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya que validarían el ejercicio de la autodeterminación también en territorios ajenos a la opresión colonial o dictatorial extranjera, como en el caso de Kosovo.
Principio de integridad territorial
La ONU establece que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", aunque en 2014 resolvió “preservar la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente".
¿Qué ocurre con los tratados internacionales?
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Estados establece que, ante una declaración unilateral de independencia, se debe garantizar el principio de continuidad de los tratados internacionales, incluyendo la pertenencia a instituciones como la ONU o la Unión Europea.
En el supuesto de contravenir el derecho Internacional, la región no podría ser ni Estado miembro de pleno derecho ni tampoco Estado observador de Naciones Unidas y dejaría también de formar parte de la Unión Europea.
A falta de acuerdo entre las partes, el derecho Internacional prevé la transmisión de las deudas en una proporción equitativa, de manera que el nuevo Estado también debería contribuir al abono de las mismas.
¿Qué es el artículo 155 de la Constitución y qué implica para Cataluña?
El Gobierno de Mariano Rajoy ha asegurado que hará lo que haga falta para evitar que se celebre el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, y aunque el presidente del Ejecutivo no lo ha mencionado explícitamente, el artículo 155 de la Constitución es una de las medidas que contempla la ley.
En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, aseguró que al presidente del Gobierno no le gustaría aplicar mecanismos legales como el artículo 155 de la Constitución, aunque “si siguen en la deriva suicida, tendrán la respuesta correspondiente que está en la ley".
Desde la oposición, el PSOE ha indicado que decidirá su postura sobre la aplicación del artículo cuando el Gobierno tome una decisión "en función de las circunstancias", mientras que desde Catalunya en Comú, Xavier Domènech ha criticado al PSOE que hable de plurinacionalidad y coquetee con el artículo 155 de la Constitución. Pero, ¿qué dice exactamente este artículo de la Constitución?
El artículo 155
El artículo 155 de la Constitución tiene que ver con las vías del Gobierno del Estado para controlar la actividad de las Comunidades Autónomas. Contempla los mecanismos excepcionales de control para que se obligue a la región al "cumplimiento forzoso" de sus deberes.
Cuándo se puede aplicar
Según la redacción del artículo, se establecen dos ocasiones:
- Si la comunidad no cumple "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan"
- En el caso en el que actúe "de forma que atente gravemente el interés general de España"
Cuál es el mecanismo
Igualmente, el artículo explica el mecanismo que debe seguir el Estado para ponerlo en práctica:
- Antes de nada, el Gobierno central deberá enviar "requerimiento" al presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión para que cumpla con sus obligaciones o deje de actuar como lo esté haciendo
- En caso de no ser atendido el requerimiento, el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar" a la comunidad al "cumplimiento forzoso" de dichas obligaciones eludidas. Para ello, deberá contar "con la aprobación por mayoría absoluta del Senado".
El procedimiento que regula el Senado exige que el Gobierno envíe al presidente de la Cámara las concretas que plantea y que deben ser debatidas en la Comisión General de CCAA, que debe pedir al presidente autonómico afectado, en este caso Carles Puigdemont, las alegaciones oportunas. La propuesta final deberá votarse en el Pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta.
¿Se ha aplicado antes?
No, ningún Gobierno español ha aplicado este artículo antes. Esto significa que sus consecuencias son desconocidas y "se pueden prever hasta cierto límite", a juicio del diputado de UPyD en el Congreso Rafael Calduch, quien no obstante se ha mostrado convencido de que su aplicación "no provocaría reacciones peores que las que se pretendía evitar".
