¿Quién paga la multa de 30.000 euros dirigida a un concejal de Cort?

La portavoz del Partido Popular de Palma, Marga Durán, ha exigido esta mañana la dimisión del regidor de Movilidad, Joan Ferrer, tras conocerse que la Agencia de Protección de Datos ha sancionado con 30.000 euros a la SMAP por revelación de datos de carácter personal de los regidores de la oposición por parte del edil socialista, “información que, además de ser confidencial, se demostró que era falsa, y prueba de ello es que tuvo que ser rectificada al día siguiente”, ha apuntado Marga Durán.

La regidora ha recordado que tanto ella como el resto de concejales del grupo municipal presentaron hace un año una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos para que este organismo dirimiera si sus derechos a la intimidad y la privacidad resultaron vulnerados a consecuencia de la investigación ordenada por el concejal, Joan Ferrer, en relación a las entradas y salidas de vehículos en los parkings de la SMAP, que además de tratarse de datos confidenciales, fueron erróneos, algo que el propio regidor tuvo que reconocer posteriormente.

Durán ha señalado que la filtración de dichos datos privados a los medios de comunicación, “entró de lleno en un terreno expresamente restringido en la actual normativa sobre protección de datos, y vulneró derechos fundamentales de los concejales, algo que se reconoce con la sanción que recientemente hemos conocido”.

Además, Durán ha señalado que “resulta curioso que, mientras habitualmente tenemos acceso a las actas de los consejos de administración a los dos o tres días de su celebración, el acta relativa a la reunión en la que Ferrer habló de las tarjetas, no la tuvimos hasta dos meses más tarde y hubo que modificarla debido al alto nivel de información que había sido omitida”, algo que para la edil pone de manifiesto que, además de “utilizar de forma fraudulenta información confidencial, se trató de falsear la misma”.

En este sentido, Durán ha anunciado que su grupo presentará una proposición urgente al próximo pleno que incluirá dos puntos en los que se exigirá, en primer lugar, la dimisión del regidor Ferrer por la sanción grave que se le ha impuesto y, en segundo lugar, que, con base en el artículo 36 la ley 40/2015, el Ayuntamiento de Palma le exija al regidor hacerse cargo personalmente de la sanción. “Es inaceptable que los ciudadanos de Palma tengan que pagar de su bolsillo una multa por la persecución política de Ferrer hacia los regidores del Partido Popular. Lo que debe hacer es pagar la sanción de su bolsillo y dimitir de inmediato”, ha señalado la regidora.

Durán ha denunciado la complicidad de los alcaldes Hila y Noguera en relación a la continuidad de Ferrer al frente del área de Movilidad y ha afirmado que “Hila ha sido cómplice hasta ahora y Noguera, si no cesa a Ferrer de forma inmediata será culpable de que una persona multada por uso indebido de información confidencial siga custodiando los datos de los palmesanos”.

Finalmente, Durán ha avanzado que el grupo municipal popular ya ha comenzado a estudiar el asunto con letrados para acudir a la vía civil o penal “para defender a los ciudadanos de Palma que a día de hoy ven como su datos personales están en manos de un regidor que ha sido sancionado con 30.000 euros por hacer un uso indebido de este tipo de información”, ha dicho Durán, al tiempo que ha señalado que “queremos saber qué tiene que decir Noguera sobre el hecho de que uno de los regidores de su equipo haya vulnerado la ley de protección de datos y haya provocado que el Ayuntamiento deba hacerse cargo de una sanción por su uso fraudulento de información privada”.

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, por su parte ha indicado que no tiene ni la más mínima intención de cesar a Joan  Ferrer “el concejal está haciendo uno de los trabajos más importantes sobre movilidad  por lo que no aceptamos la petición de dimisión”, al tiempo que  ha indicado que “estudiaremos  si es  posible plantear recurso”.

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