El PSOE exige a Interior que pague la deuda por la atención sanitaria a presos

El PSOE quiere que el Congreso inste al Ministerio del Interior a saldar la deuda de 110 millones de euros que acumula con las comunidades autónomas desde 2012, cuando, según denuncia, los centros penitenciarios empezaron a devolver las facturas que les llegaban desde las conserjerías de Sanidad por los gastos derivados de la atención sanitaria a los presos.

De hecho, varias de ellas mantienen litigios abiertos con el Estado. Andalucía, que ha visto desestimadas sus pretensiones en primera instancia, reclama varios pagos de cinco millones por año, Castilla y León teme que el coste pueda dispararse hasta los veinte anuales y Aragón cifra en 1,4 la factura anual (4,1 millones sólo hasta agosto de 2015).

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha condenado a la Administración Penitenciaria a hacerse cargo de las facturas giradas por el Servicio Balear de Salud, reconociendo que es la Administración estatal la obligada, según el Reglamento Penitenciario, a asumir el coste de la atención sanitaria que no presta por medios propios.

Por todo ello, el PSOE quiere que el Congreso inste al Ministerio del Interior a abrir de “manera inmediata” una negociación con las comunidades autónomas con el objeto de acordar las condiciones de la financiación por parte de la administración penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los servicios autonómicos de Salud a la población reclusa.

En concreto, los portavoces del PSOE en la Comisión de Sanidad, Jesús María Fernández, e Interior, David Serrada, y el diputado por Málaga Miguel Ángel Heredia, han registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre este asunto para que se debata en las comisiones de Interior y Sanidad de la Cámara Baja.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido sólo asume la atención primaria de salud que se presta dentro de las prisiones, pero son las comunidades autónomas las que se encargan de las urgencias, hospitalizaciones, diagnósticos, consultas y, en general, de la atención especializada que reciben los reclusos.

En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el primer partido de la oposición denuncia que esta situación afecta a todas las comunidades salvo Cataluña y Euskadi, la primera por tener traspasadas las competencias penitenciarias y la segunda por haber recibido la de la sanidad en las cárceles.

Hasta principios de esta década, el Ministerio de Interior mantenía convenios con las comunidades por las que éstas facturaban por la atención sanitaria prestada a la población reclusa. Pero, según resalta el PSOE, esos acuerdos fueron venciendo, justo en vísperas de que el Gobierno ejecutara el recorte de la sanidad publica de abril de 2012, y no se han renovado.

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