El 'popular' Carlos Delgado ha declarado este miércoles en los Juzgados de Vía Alemania por el caso Rocamar. El que fuera conseller de Turismo y Deportes del Govern de Bauzá estaba citado a las 10.00 horas. Aunque, ha preferido llegar con tiempo a los juzgados, donde ha entrado en torno a las 9.40 horas.
El exconseller ha estado en el interior de los juzgados cerca de una hora y media. Posteriormente, ha atendido a la decena de periodistas y cámaras que le esperaban a la salida.
Delgado se ha mostrado tranquilo y contundente ante la prensa al asegurar que "la decisión de comprar Rocamar fue de Armengol y Bel Oliver". Según sus declaraciones, cuando el PP llegó al Govern, el proyecto de Rocamar ya estaba sobre la mesa. "Es una herencia de Francina Armengol, la misma que ha puesto la denuncia" por el presunto sobre coste de 600.000 euros públicos, ha añadido.
Igualmente, respecto a las tasaciones, el exconseller asegura que "ya estaban hechas" cuando asumió el cargo. Por eso, ha insistido, "se pidió a los funcionarios qué decidieran" cuál de los presupuestos era el más acorde. "Nosotros nos limitamos a seguir el consejo de los funcionarios de la casa". Por este motivo, Delgado no siente que haya cometido ninguna irregularidad y se muestra convencido de que "volvería a hacer lo mismo".
UN MIEMBRO DE LA JUNTA RECTORA AVALA QUE NO SE DETECTARON IRREGULARIDADES
El pasado martes, Segismundo Morey, miembro de la junta rectora, declaraba que no se detectaron irregularidades. Igualmente, aseguraba que el precio de compra no les alertó de que podía haber un fraude.
Según ha explicado tras declarar ante el instructor, la compra estaba avalada por informes técnicos y era la tasación más barata por lo que el precio no les llevó a sospechar.
A estas palabras se ha agarrado este miércoles Delgado para defenderse.
LOS SINDICATOS ASEGURAN QUE "HABÍA TASACIONES MENORES"
Los sindicatos, en cambio, han asegurado ante el juez que se ha jugado con su buena fe en la compra del solar. Según fuentes judiciales, en la reunión en la que se aprobó la compra no se habló de precios. Además, mantienen que la posición del representante de CCOO, Ginés Díez, como la del representante de UGT, Antonio Copete, fue la de comprar al menor precio posible.
Copete, que declaró como testigo, aseguró que detectaron que las cosas "no iban bien" cuando se hizo la compra. Por eso, tuvieron que pedir las tres tasaciones por escrito. Sin embargo, según su versión, no les fueron facilitadas hasta después de la compra.
Además, indicó que desde la Conselleria se pretendía que avalasen informes técnicos que no podían "avalar nunca". Pues, no son técnicos y estos informes también se les dieron "posteriormente", concluía.
