jueves. 28.03.2024

Los acusados por el amaño de un contrato vídeos turísticos desde el Consell de Mallorca han aceptado este martes penas de inhabilitación y multas, pero evitarán la cárcel, tras alcanzar un pacto entre las partes en el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.

La Fiscalía ha apreciado las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, puesto que tres de los acusados han consignado ya conjuntamente 18.879 de los 21.900 euros indebidamente sustraídos.

La ex directora insular de Turismo, Melchora Gómez, ha sido condenada a tres años y tres meses de inhabilitación especial para empleo público en el Consell para diferentes funciones, cargos de designación política o discrecional, jefatura o dirección y puestos con decisión sobre contrataciones y fondos públicos, y cinco meses de prisión a sustituir por una multa de 1.800 euros.

Los empresarios vinculados a la ya extinta Unió Mallorquina, Gabriel Ribas y Juan Carlos Escuer, han sido condenados cada uno a tres años y tres meses de inhabilitación para empleo público en el Consell y a cinco meses de prisión a sustituir por una multa de 1.800 euros. Para ambos se ha apreciado la circunstancia atenuante de confesión.

Por su parte, la funcionaria del Departamento de Economía y Turismo, Maria Antonia Escanellas, ha aceptado una inhabilitación especial para empleo público en diferentes funciones dentro del Consell de Mallorca.

Finalmente, la Fiscalía y el Consell han retirado la acusación contra la entonces secretaria técnica del departamento de Economía y Turismo, Isabel Monjo, que antes de que terminara la vista ha podido apartarse del banquillo de los acusados.

Así, ninguno de los acusados ingresará en prisión por estos hechos, a pesar de que la Fiscalía originalmente pedía penas que sumaban 22 años de cárcel.

Los acusados han reconocido que amañaron el contrato, que fue adjudicado mediante concurso abierto a Inmogroup 2010 SL, para beneficiar a los empresarios y distraer dinero público insular mediante un expediente que era una mera ficción.

El contrato tenía por objeto elaborar contenidos informativos multiidioma en el aeropuerto de Palma, así como la instalación de los mismos. Sin embargo, las tres empresas invitadas pertenecían a los mismos empresarios y compartían domicilios, teléfonos y trabajadores.

La empresa ganadora sólo aportó siete de los 13 vídeos de su oferta y éstos eran mucho más cortos de lo que había prometido. Además, algunas partes estaban repetidas y ni siquiera fueron de producción propia, sino que procedían de un portal online. A pesar de este incumplimiento, el Consell de Mallorca abonó el servicio.

Acusados de amañar con UM un contrato de vídeos turísticos, evitan la cárcel