Ocho ayuntamientos de Balears incumplieron sus planes de ajuste en 2016

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Un total de 8 ayuntamientos de Balears, el 11,94 % del total, incumplieron sus planes de ajuste en el año 2016, según datos del Gobierno del Estado.

Un total de 660 ayuntamientos de toda España, la mayoría de ellos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus planes de ajuste en el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del cierre del año pasado.

Según figura en una respuesta escrita del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, se enviaron requerimientos por este incumplimiento a 201 entidades locales andaluzas, casi un 26 % del total de las que existen en la comunidad; 88 valencianas, y 82 catalanas.

Por provincias, destaca sobre todo el incumplimiento en Valencia, con 56 de estas entidades que han sido apercibidas por carta; Madrid, con 44, o Sevilla, con 33.
Por el contrario, el menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia, tienen cifras más reducidas, de solo uno en cada caso.

Las comunidades forales de País Vasco y Navarra no aparecen en este listado por no ser de régimen común, ya que su financiación se realiza mediante los sistemas singulares de concierto y convenio, respectivamente.

Los planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Además, el Ministerio de Hacienda y Función Pública debe publicar la información relativa a los mismos, como el mecanismo de liquidez por el que se ha requerido el plan de ajuste, así como la fecha de aprobación por el órgano autorizado de la corporación local.
Ante estos datos, Heredia reprocha al Gobierno que utilice medidas coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los entes locales.

Para Heredia las entidades locales tienen que pagar unos “intereses desorbitados” si se acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les supone “un serio problema”, según ha manifestado.

En este sentido, considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es “nefasta” porque se resiste a considerar a los ayuntamientos “como adultos” para que puedan invertir el superávit en generar empleo a través de inversiones que “son mayores de edad” para decidir.

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