viernes. 29.03.2024

Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra han presentado este miércoles al Ministerio de Empleo una propuesta alternativa para la reordenación del sistema de protección por desempleo y la creación de una renta complementaria de desempleo.

La Consejería de Empleo de Andalucía ha informado de que las nueve regiones han denunciado que la propuesta del Ministerio, en la que se reformulan varios programas destinados a parados de larga duración (Prepara, Programa de Activación de empleo, PAE, y la Renta Activa de Inserción), provocará que decenas de miles de personas vean peligrar la percepción de su prestación.

Por ello, han presentado una propuesta para modificar el sistema, que integre los programas destinados a parados de larga duración (Prepara, PAE y RAI) en el sistema de prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, garantizando "que estas ayudas queden en la estructura del sistema de prestaciones".

Las comunidades citadas consideran que con la propuesta del Ministerio un alto porcentaje de los beneficiarios de estos tres programas, que ascendían a más de 232.000 personas en febrero de 2018, "corre el riesgo de dejar de percibir una ayuda, un riesgo que es especialmente alto entre los perceptores de la RAI, que superaban en febrero los 178.000 beneficiarios".

Según las nueve comunidades, la propuesta del Ministerio pone en "grave riesgo" a buena parte de los perceptores de estos programas por pasar a plantear requisitos más exigentes.

El coste anual de estos tres programas asciende a 1.200 millones, que deberían ser financiados por las comunidades autónomas,a través de sus respectivas rentas sociales para mantener el nivel de cobertura.

Ante esto, las nueve comunidades han presentado un texto alternativo que garantizará la percepción de estas ayudas y también solicitan la convocatoria extraordinaria de una conferencia sectorial monográfica para tratar esta cuestión.

Además, la propuesta de las nueve comunidades incluye la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas, de modo que estas últimas podrán complementar a las prestaciones.

Las firmantes lamentan la "ausencia de diálogo" por parte del Ministerio para resolver esta cuestión y recuerdan que en la Conferencia sectorial de septiembre de 2017 se acordó unánimemente revisar la reformulación de estos programas para mantener y mejorar el nivel de cobertura, dándose un plazo de siete meses.

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