El Colegio de Agentes de la Propiedad de Baleares consideran "urgente" que se regule la gestión e intermediación inmobiliaria. Y, ponen de ejemplo la actuación llevada a cabo por la Junta de Andalucía.
Según la nueva normativa andaluza, se establecerá un control administrativo obligando a la inscripción en un registro público. De modo que, se podrían sancionar a aquellas personas que se dediquen a esta actividad sin estar inscritas con hasta 9.000 euros en las infracciones muy graves, según un comunicado.
El Govern también "se ha comprometido con incluir en el texto de la nueva Ley de Vivienda esta regulación". En este sentido, el presidente del Colegio, José María Mir, ha explicado que "es imprescindible que se produzca esta regulación". Principalmente, ha dicho, "para beneficiar los derechos de los consumidores".
"Tenemos el compromiso del Govern, y esperamos que la aprobación se produzca en breve porque es importante que se haga cuanto antes. Especialmente en épocas de mucha actividad en el mercado es cuando más timos, estafas y engaños se producen", ha expresado.
Respecto a los requisitos mínimos, Mir ha especificado que la nueva Ley "debe obligar a los agentes inmobiliarios a disponer de un establecimiento abierto al público". O, en su defecto, ha explicado, "una dirección física".
Asimismo, han pedido que, "en el caso de prestación de servicios por vía electrónica o telemática, se acredite la capacitación profesional de los agentes inmobiliarios o de los responsables de las agencias inmobiliarias". Finalmente, quieren "contar con las garantías necesarias para responder por las cantidades recibidas a cuenta en el ejercicio de su actividad".
Además, creen que se debe "contratar un seguro de responsabilidad civil con vigencia permanente y retroactividad suficiente". Para que, así, han dicho, "permita responder de la actividad mediadora". Igualmente, consideran que se debería crear un distintivo para diferenciar a agentes y agencias inmobiliarias.
