Sobrecostes, vínculos familiares, ¿qué hay tras el centro de acogida del Consell?

La finca de Puntiró sobre la que se han encendido varias luces rojas por parte de vecinos y oposición

El Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca, el IMAS, está ahora mismo en el ojo del huracán por el precio que pagó por una casa para un centro de acogida de menores y por la presunta relación de los propietarios de este inmueble supuestamente con una trabajadora del propio IMAS. Los vecinos de la zona residencial de Puntiró de Palma no van a parar hasta que se resuelvan estas dos incógnitas y la oposición en el gobierno insular, liderada por el PP, tampoco.

¿Cómo han hecho para encontrar tan rápido este inmueble?. ¿Está presuntamente relacionado un familiar que, supuestamente trabaja en el IMAS, en la compra de este centro de acogida en el barrio residencial de Puntiró?. ¿Por qué se pagó un supuesto sobrecoste de 250.000 euros?.

Son algunas de las preguntas que se han puesto sobre la mesa del IMAS, el negociado que en el Consell de Mallorca gestiona MÉS per Mallorca, desde que se supo que se había adquirido un inmueble para destinarlo a un centro de acogida de menores, a finales de febrero de este mismo año.

De 950.000 euros a 1.200.000 euros

El hecho es que el ya controvertido y polémico Centro de Acogida de Puntiró de Palma inició su andadura con algún que otro presunto descuadre, o supuesto baile de cifras.

La finca publicitada por una inmobiliaria a 950.000 euros, cuando el Consell pagó supuestamente 1.200.000€
La finca publicitada por una inmobiliaria a 950.000 euros, cuando el Consell pagó supuestamente 1.200.000€

Mientras una inmobiliaria publicitaba la casa por 950.000 euros, como se puede apreciar en la imagen que se adjunta, el Consell de Mallorca pagó por ella 1.200.000 euros, supuestamente 250.000 euros por encima de su coste, según la información hecha pública en su momento por la propia oposición.

¿Una empleada del IMAS es familiar del propietario? 

Es otra de las preguntas comprometedoras que tienen ahora mismo sobre la mesa los soberanistas del IMAS, su presidenta, Margalida Puigserver, y la consellera insular del Territori, la socialista Mercedes Garrido. ¿Hay presuntos vínculos familiares tras esta adquisición?.

Se lo preguntan los vecinos de Puntiró y también lo ha preguntado en el último pleno insular la consellera del PP, Catalina Cirer, cuando ha reclamado por activa y por pasiva una relación del personal del IMAS que ha mantenido relación laboral con las Llars del Menor.

Según la información facilitada a mallorcaconfidencial.com, presuntamente una trabajadora del IMAS sería familiar supuestamente de los propietarios del inmueble adquirido por el Consell de Mallorca.

¿Es legal un Centro de Menores en esta zona?

Otra pregunta muy polémica, con la que están lidiando en estos momentos los responsables políticos, ya que según el Ayuntamiento de Palma “el inmueble no cumple con la normativa a día de hoy”, y añaden que  “se les denegaría la licencia de actividad”, según la información facilitada a este digital.

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Es más, insisten desde Cort, según estas mismas fuentes, que “cuando el Consell solicite un informe sobre la posibilidad de autorizar la actividad en esta fina de Puntiró para el Centro de Acogida de Menores, el Ayuntamiento emitirá un informe negativo a la autorización de funcionamiento”.

La polémica finca que el Consell de Malllorca compró para destinarla a un Centro de Acogida de Menores (Foto: mallorcaconfidencial.com)
La polémica finca que el Consell de Malllorca compró para destinarla a un Centro de Acogida de Menores

Al parecer, este centro no se ajusta al Plan General de Ordención Urbana de Palma, ya que Puntiró es una zona residencial, sólo casas, y como tal no permite actividades de ningún tipo. Por ejemplo, ni se puede abrir un ‘colmado’ o un agroturismo, por lo que el Centro de Menores sería una actividad para la que la zona, a priori, no está calificada.

¿Qué ha pasado con los informes de idoneidad?

Otra pregunta con la luz roja, si se tienen en cuenta las consideraciones que se habrían hecho por parte del Ayuntamiento de Palma.

Por eso los vecinos y la oposición se preguntan: “Se ha saltado supuestamente el protocolo en los trámites que se han seguido en la adquisición de este inmueble para destinarlo a centro de acogida?.

Territori remite al IMAS y al Ayuntamiento de Palma

Este digital se ha puesto en contacto con el departamento de Territori, que dirige la consellera insular socialista Mercedes Garrido, y nos han remitido al IMAS, que recordamos es un negociado en manos de los soberanistas, según el Pacto de Gobernabilidad que suscribieron a principio de legislatura PSIB, MÉS per Mallorca y Podem.

“El IMAS es quien lo ha tramitado todo con el Ayuntamiento de Palma, que es quien tiene las competencias en Urbanismo, nosotros no tenemos ningún expediente”, han afirmado a mallorcaconfidencial.com fuentes de la conselleria insular de Territori.

Los vecinos ven obras, pero los políticos lo niegan

Al parecer, el hecho es que para que el inmueble se ajuste a la normativa vigente, en lugar de en un Centro de Acogida de Menores, las instalaciones se destinarían a un Llar de Infants, en el que sólo acogerían a unos 8 niños, en lugar de los 15-17 de los que se habló en un principio.

Contenedor al lado de la finca comprada por el Consell con residuos de obra (Foto: malloorcaconfidencial.com)
Contenedor al lado de la finca comprada por el Consell con residuos de obra (Foto: malloorcaconfidencial.com)

Pero para ello también deberían reconvertir el inmueble. Sin embargo, oficialmente a los  vecinos les comunican que allí no se están haciendo obras. No obstante, los contenedores en la puerta de la finca con residuos de obra, supuestamente demostrarían lo contrario.

¿Pero cómo van a traer aquí a niños, si ni tan siquiera hay parada de autobús”. “Con toda la inversión que han hecho, podrían haber hecho una casa nueva”, se lamentan los mismos vecinos que han hablado con este digital.

Puntiró: 230 parcelas

Puntiró es una zona a las afueras de Palma, calificada a efectos urbanísticos como ‘residencial’, y que tiene unas 230 parcelas, destinadas, como su propio uso indica a viviendas.

La Asociación de Vecinos ya revocó en su día algunos de los acuerdos adoptados por el Consell de Mallorca en relación a este inmueble y no descartan llegar hasta las instancias judiciales máximas, como el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

 

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