Que el Govern balear tenga que sacar de su bolsillo, del nuestro, más de 86 millones de euros para pagar el aeropuerto de Ciudad Real es sencillamente sorprendente. Sobre todo porque ese dinero es con el que tiene que indemnizar a un empresario al que prohibió construir apartamentos en Ibiza en dos parcelas urbanizables y que después desclasificó y convirtió en rústico. Es un dinero que el Ejecutivo de Armengol ha dicho al juez que lo entregará antes de que acabe el año y que el empresario Rafael Gómez utilizará para comprar el aeropuerto de Ciudad Real.
Se trata de la última indemnización que deberá abonar el Govern por las desclasificaciones de suelo que se hicieron durante el segundo Govern de Antich. En total la Ley que impulsó esos cambios de uso paralizando varias urbanizaciones, ha costado 138 millones de euros a las arcas autonómicas.
Y la pregunta está ya en el debate social y político: ¿Ha sido un gran error pagar más de 86 millones para proteger territorio cuando el solar sigue siendo privado?
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La cantidad que tiene que desembolsar el Govern de Armengol es a causa de la anulación de la licencia para edificar en unos terrenos en la zona protegida de Punta Pedrera, Port des Torrent, del municipio ibicenco de Sant Josep.
Hace 12 años las sociedades Punta de Ibiza y Mecron, del empresario Rafael Gómez, consiguieron la licencia para construir 244 apartamentos en Punta Pedrera, pero un año después, con las obras ya empezadas, el Ayuntamiento de Sant Josep anuló la licencia. La presión vecinal fue crucial en esta decisión porque temían que los apartamentos llegaran hasta la costa. En 2008, el Ejecutivo autonómico del socialista Francesc Antich protegió los terrenos como suelo rústico.
Primer Consell de Govern de Francesc Antich en 2007 (Foto: PSOE)
Proteger el territorio a golpe de millones de las arcas públicas
Todo lo demás es consecuencia lógica, ya que las empresas afectadas por la reclasificación de terrenos acudieron a los tribunales y les dieron la razón, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y después en Tribunal Supremo.
Hay que decir que la alta cuantía que supone esta indemnización ha supuesto una grave varapalo a las arcas autonómicas y una gran preocupación en los consistorios afectados, que paralizó los proyectos a golpe de millones, más de 86.
Pero lo peor de todo es que los terrenos afectados por la indemnización seguirán siendo privados, por lo que la premisa de conseguir que la zona siguiera siendo un paraje natural se ha quedado a medio camino, a pesar de la descomunal indemnización.
La presidenta Armengol y los consellers en un Consell de Govern (Foto: Caib)
Ahora se confirma que el Govern pagará la deuda antes de navidades y el empresario que ha comprado el aeropuerto de Ciudad Real podrá a su vez pagarlo
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real ha confirmado que el Govern balear abonará antes de finalizar el año la deuda que mantiene con el comprador del Aeropuerto de Ciudad Real y que permitirá hacer frente al pago de esta infraestructura.
El magistrado Carmelo Ordóñez ha dictado una providencia en la que hace constar que ha recibido en el día de hoy (por ayer miércoles 19 de septiembre) oficio de la conselleria de la Presidencia del Ejecutivo balear por el que se comunica que la ejecución de una sentencia y, por tanto, indemnizará con 86.775.013,28 euros al empresario Rafael Gómez Arribas antes de que termine este año.
De esta manera, el juez ha indicado en su providencia que existe la firme intención del Govern balear de pagar esta deuda, por lo que se dan por cumplidas las condiciones establecidas en el auto de 17 de julio de 2018 para aceptar la compra del Aeropuerto de Ciudad Real con este dinero.
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En consecuencia, el juez ha ordenado que se lleve a cabo la firma de la escritura notarial del Aeropuerto de Ciudad Real a nombre de CR International Airport (CRIA), empresa que lo adquirió en concurso público.
El juzgado de Ciudad Real recibirá del Gobierno balear, del total de esta deuda, los 54.578.303,70 euros que CRIA debe pagar por la adquisición del aeropuerto, sin contar las cantidades establecidas en el auto respecto a los gastos de mantenimiento desde el pasado 17 de julio hasta la fecha real de la firma de la escritura notarial de compraventa.
Una vez firmada la escritura, que será antes del próximo miércoles, el juez ha ordenado que este hecho sea comunicado de forma inmediata por la Notaría a este Juzgado para que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que CRIA es la nueva empresa compradora y promotora y gestora del Aeropuerto de Ciudad Real.
Vista aérea del aeropuerto de Ciudad Real (Foto: Ciudad Real International Airport)
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Finalmente, el juez ha ordenado que se libre un oficio urgente con copia de esta resolución a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), así como a la Dirección General de Aviación Aérea y de Seguridad Aérea y a los Ministerios de Fomento, Defensa e Interior, de la decisión judicial.
Todo ello, ha explicado en su Providencia, "a los efectos de que den el impulso final, lleven a cabo las verificaciones e inspecciones que queden pendientes para poner en valor y conseguir la puesta en marcha del aeropuerto de Ciudad Real".
Impuso económico para la región manchega
Un hecho, ha añadido, que "supondrá el impulso económico que tanto necesita esta región, todo ello de conformidad con lo que fue resuelto en los autos de 23 de abril de 2018, 22 de mayo de 2018 y 28 de febrero de 2018".
El juez, finalmente, ha aclarado que contra la presente resolución no cabe recurso alguno al tratarse de un resolución que da curso a lo establecido en una resolución firme previa.
