Según la información facilitada por la Conselleria de Medio Ambiente, se han detectado más de 5.000 fondeos irregulares sobre posidonia este verano. Pero solo 42 han podido ser sancionados, en las Pitiusas solo 6. El resto han quedado impunes pese a haber anclado sobre una pradera ya que no han podido ser sancionados.
Parecen surrealistas los datos y la actitud del conseller y su director general, de sacar pecho ante una realidad que debería sonrojarlos.
Después de la campaña que se llevó a cabo a finales del mes de julio en aguas pitiusas, promovida por Greenpeace España y en la cual participaron Oceana, Terraferida y Gen-Gob Eivissa además de otros personas voluntarias; nos sentimos completamente estafados y defraudados después de movilizarnos decenas de personas y denunciar mediante las correspondientes llamadas al 112 los fondeos ilegales. Durante todo este verano se han ido denunciando desde los diferentes colectivos ecologistas o a título personal, infinidad de embarcaciones, pero ya vemos que no ha servido para nada.
A esto le añadimos la falta absoluta de voluntad política de superar la falta de medios para poder hacer frente al descontrol de las embarcaciones en el mar sobre posidonia. ¿Y porque digo esto? El pasado 25 de septiembre, en el pleno del Parlament en el que se presentaban, debatían y votaban las resoluciones que los diferentes grupos parlamentarios habían presentado después del debate de política general, una de las resoluciones que presente decía lo siguiente: “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de las Illes Balears a incrementar la partida presupuestaria de 2019 por la carencia de efectivos y de medios al servicio de Agentes de Medio ambiente del Gobierno balear; así como la creación de un cuerpo de agentes de la mar y los medios necesarios para desarrollar su tarea, ante el hecho de ser la comunidad autónoma de todo el estado español con menos Agentes de Medio ambiente”.
Pues nada, votaron en contra todos los partidos que gobiernan y sus socios de Podemos. Tendrán que explicárselo a la ciudadanía ya que lo único que hacen es decepcionar aquellas personas que amamos y respetamos el medio ambiente y que además trabajamos y hacemos propuestas para poder conservarlo.
Vicenç Vidal, conseller de Medio Ambiente, y Miquel Mir, director general de Biodiversidad, han reconocido la situación, pero decir que es un "balance muy positivo que más de 50.000 embarcaciones hayan sido inspeccionadas y más de 5.000 se las haya invitado a cambiar de lugar para no dañar las praderas de posidonia", no arregla todo la destrucción que han provocado dichas embarcaciones y lo peor es la sensación de impunidad que dejan ante una ilegalidad flagrante.
Es esperpéntico que el director general justifique el insignificante número de sanciones mirando hacia el pasado diciendo “que estas no caducarán”. Pero lo más patético y vergonzoso es que hace unas semanas en una emisora de radio, reconoció que sólo se habían cobrado cinco o seis sanciones en todo el año en toda Baleares; solo puedo calificar este hecho como "ineptitud supina elevada a la enésima potencia".