jueves. 28.03.2024
Dos agentes de la Policía Nacional
Dos agentes de la Policía Nacional

Diferentes autoridades, medios y asociaciones han expresado durante las últimas horas su apoyo a los periodistas de la agencia Europa Press en Baleares y "Diario de Mallorca" después de que agentes de la Policía Nacional les requisaran este martes móviles y ordenadores en sus respectivas sedes en el marco de la investigación sobre la trama Cursach.

El afectado del periódico local, Kiko Mestre, agradeció las muestras de apoyo recibidas en su perfil de Twitter. Además, en su publicación, formula un pregunta.

Medios agradecidos

Tanto "Diario de Mallorca" como Europa Press mostraron su agradecimiento a través de sus respectivas redes sociales.

Armengol, con los profesionales

La presidenta del Govern, Francina Armengol, mostró su apoyo a los profesionales de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca a quienes la Policía Nacional les ha requisado material por publicar un informe relacionado con una investigación judicial.

En su cuenta oficial de Twitter, Armengol manifestó que "la libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra sociedad" y agregó que "la información rigurosa y libre fortalece la democracia".

Ensenyat, también solidario

El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat señaló en su propia cuenta de Twitter que "la libertad de prensa y el derecho a la información son básicos en una sociedad como la nuestra".

SPIB y APIB: "Es el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares"

El Sindicat de Periodistes de Baleares (SPIB) y la Associació de Periodistes de Balears (APIB) consideraron que "es el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares".

La Policía Nacional requisó móviles personales, ordenadores, 'pendrive' y documentación en papel para averiguar una fuente de información del Caso Cursach, "vulnerando así el secreto profesional de los periodistas".

Además, criticaron que la autoridad judicial y policial "ni siquiera" permitiera a la periodista de Europa Press "consultar con su abogado en el registro". Asimismo, mostraron su apoyo a los periodistas del Diario de Mallorca en su rechazo a entregar los ordenadores de manera voluntaria.

Amparados por el artículo 20 de la Constitución

La asociación y el sindicato recordaron que el secreto profesional está amparado en el artículo 20 de la Constitución Española porque es imprescindible proteger la identidad de la fuente en el ejercicio de la profesión periodística.

La recomendación de los códigos deontológicos es sólo revelar la fuente cuando esta mienta o haya un peligro inminente para las personas. Si se vulnera el secreto profesional se elimina una de las vías más importantes de acceso a la información.

Por ello, denunciaron que "es el mayor atentado contra la Libertad de Prensa de la historia democrática de Baleares", haciendo un llamamiento "a las instituciones y a la sociedad civil balear a defender el derecho al ejercicio del periodismo, pilar básico de la democracia".

La FAPE rechaza la incautación 

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) consideró que esta incautación "vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero".

En este sentido, la FAPE defendió que "en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información".

"El secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información", manifestaron.

Según añadió la Federación que preside Nemesio Rodríguez, "la periodista de Europa Press no está obligada a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrolla su trabajo".

Además, recordó que "la jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada".

La PDLI y la Agrupación de Periodistas de UGT se suman al apoyo 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) recordó a los profesionales que "los investigados (imputados) no tienen obligación de desvelar las contraseñas de sus dispositivos" agregando que "el derecho al silencio y al secreto profesional es irrenunciable para cualquier periodista y un pilar básico de la libertad de prensa".

Asimismo, la plataforma rechazó "cualquier tipo de presión y amenaza contra periodistas o medios en el ejercicio de su función de ofrecer información veraz y relevante a la ciudadanía".

Desde la Agrupación de Periodistas de UGT, su coordinador estatal, Mariano Rivero, indicó que el derecho profesional a no revelar las fuentes está para proteger a las fuentes y a los periodistas "de las administraciones, de los grupos políticos".

MÉS muestra su solidaridad 

El portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, señaló que "estamos preocupados por esta situación y esperamos que se dé una respuesta pronto por parte de las autoridades judiciales sobre lo que ha pasado porque, de confirmarse que se ha vulnerado el derecho a la información y al secreto profesional de los periodistas, estamos en una situación muy grave".

Además, aseguró que se trata de "una situación muy grave" al tratarse de "dos principios que están recogidos en la Constitución", añadiendo que "es necesaria una respuesta inmediata y por ello mostramos nuestra solidaridad con los periodistas afectados".

https://twitter.com/MESperMallorca/status/1072542434863788032

Dos polémicos registros

Agentes de la Policía Nacional se personaron este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación -dos ordenadores y el teléfono móvil personal de una periodista, entre otro material- con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.

Tres agentes y una secretaria judicial entregraon en la redacción la orden de registro, para después exigir a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.

La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa.

Asimismo, la Policía Nacional ha requisado el teléfono personal del periodista Kiko Mestre de "Diario de Mallorca" por este mismo asunto.

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La intervención policial en dos medios locales provoca fuertes críticas