La 'operación Lloriguera' se ha saldado con la detención de 11 personas que habrían estafado a más de 300 personas en Mallorca, Barcelona y Tarragona cerca de cinco millones de euros a través de un fraude masivo y continuado en la adquisición de viviendas con 17 promociones inmobiliarias ficticias. Algunos de estos detenidos ya se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Palma desde agosto mientras que el líder de la banda, Carlos García Roldán, se encuentra en una cárcel colombiana desde el pasado 5 de febrero, a la espera de que se resuelva su extradición.
En estos momentos, el Instituto Armado está investigando, junto a la Policía de Colombia, a otras dos personas que podrían estar involucradas en el caso. A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil y alzamiento de bienes.
Casi un centenar de cuentas bloqueadas
En la operación se han bloqueado un total de 98 cuentas bancarias así como 38 propiedades inmobiliarias y han sido bloqueadas varias páginas web, así como dominios de correo electrónico que utilizaban para comunicarse y que se encuentran vinculados con los hechos investigados.
Primeras investigaciones
La investigación se inició el año pasado, a raíz de varias denuncias presentadas por los perjudicados en las que manifestaban haber sido estafados por la compra de inmuebles. Habían realizado transferencias bancarias de importantes cantidades de dinero para suscribirse a los contratos de reserva y adquisición de la supuesta vivienda y transcurrido el tiempo, las obras no se habían iniciado.
Durante la investigación, los agentes pudieron constatar la existencia de un complejo entramado empresarial, que "prevaliéndose de una publicidad engañosa y perfiles profesionales" organizados para tratar de dar una apariencia de legalidad en sus actuacione, "se estaban dedicando a suscribir contratos de reserva y compraventas de inmobiliarios de promociones inexistentes".
Carlos García Roldán, principal acusado de una presunta estafa de unos 5 millones de euros (Archivo)
Agosto 2018: Diez detenidos
Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil procedió el pasado agosto a la detención de 10 personas, cinco de las cuales ya se encuentran en la cárcel de Palma.
A partir de ese momento, los agentes realizaron gestiones para determinar el paradero del líder de la organización ya que se había fugado pudiendo constatar que se encontraba en Colombia.
Tras varios meses de investigación por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Colombia, se acabadó determinando el paradero del fugado y se detuvo al líder de la organización en la madrugada del día 5 de febrero, hora española.
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Modus operandi
Según la Guardia Civil, la actividad delictiva se desarrollaba desde 2015 y habría consistido en la generación de 17 promociones ficticias. Los afectados por la compra de los supuestos inmuebles realizaban transferencias de importantes cantidades de dinero para suscribir las distintas modalidades de contratos y como señal de los mismos a cuentas bancarias de la organización delictiva.
Una vez realizada las transferencias, los integrantes exigían en ocasiones más dinero para continuar con las supuestas obras y hacer frente a tramitaciones no contempladas al inicio en el contrato suscrito, u otras argumentaciones.
Los agentes han podido constatar que los autores del grupo delictivo no tenían ni tan siquiera la licencia concedida ya que no eran propietarios de los terrenos donde se iban a construir las viviendas, careciendo por lo tanto de las preceptivas licencias o proyectos para tal fin.
Según han explicado, la complejidad del entramado societario vinculado a la estructura delictiva investigada, ha hecho necesario el estudio y la investigación de más de 350.000 movimientos bancarios.
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Alto nivel de vida
Además, se ha podido constatar que la organización habría tratado de ampliar su actividad al ámbito internacional, amparándose en nuevos negocios delictivos relacionados con el sector inmobiliario, utilizando paraísos fiscales.
Cabe destacar, el alto nivel de vida que llevaban los implicados gracias a los ingresos económicos que generaban y que les servía como coartada a la hora de generar falsa seguridad ante posibles víctimas.
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