El juzgado de instrucción número 5 de Palma ha admitido a trámite la querella interpuesta por Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos) contra el alcalde de Palma, Antoni Noguera, por un delito de prevaricación como consecuencia de la prohibición de la comercialización de la vivienda de uso turístico en viviendas plurifamiliares en todo el municipio.
Fevitur representa a más de 150.000 apartamentos englobados en las 22 asociaciones que la componen.
"De forma preconcebida"
En la querella presentada en noviembre de 2018, encargada al Ius+Aequitas abogados, se expone cómo la resolución y moratoria en base a la cual se lleva a cabo la prohibición se podría haber realizado de "forma preconcebida" pues así "se venía anunciando por Noguera incluso antes de ser nombrado alcalde".
Presunto delito de prevaricación administrativa
El auto dictado por el Juzgado considera que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y/o un delito de prevaricación urbanística".
Fevitur celebra la admisión a trámite de la querella
La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos celebra la admisión a trámite de la querella por prevaricación administrativa y urbanística contra el alcalde de la capital balear, Antoni Noguera, como consecuencia de la prohibición de la comercialización de la vivienda de uso turístico en viviendas plurifamiliares en Palma.
Fevitur presentó la denuncia el pasado mes de noviembre después de que el gobierno municipal prohibiera el pasado verano el alquiler de viviendas turísticas en edificios plurifamiliares de la ciudad.
"Se pone en entredicho la legalidad de las actuaciones municipales"
Para Tolo Gomila, presidente de Fevitur, "con esta resolución se pone en entredicho la legalidad de las actuaciones que se llevaron a cabo el pasado verano en Palma en contra de la actividad de nuestro sector".
La entidad que preside Gomila espera que ahora la Justicia aclare "determinadas conductas ilícitas, como la elaboración de informes urbanísticos completamente arbitrarios, y que no se ajustaban a la realidad, con la única intención de culminar un plan preconcebido para terminar con la vivienda turística en Palma".
