La familia desahuciada en Can capes resistió 21 meses de acoso inmobiliario

Momento del encontronazo entre la Policía y los activistas para parar el desahucio (Foto: Stop Desnonaments)
Momento del encontronazo entre la Policía y los activistas para parar el desahucio (Foto: Stop Desnonaments)

Tras el informe de la Policía Nacional en el que justifican la acción contra los activistas que se congregaron en el número 6 de la calle Onofre Jaume para evitar un desahucio, la Asociación Stop Desahucios informa que la familia a la que han echado del piso donde vivían en Can Capes resistió hasta 21 meses de “acoso inmobiliario”. Además han criticado el acoso que sufren “miles de familias, con diversas herramientas habituales que van desde el intento de engaño hasta la estafa procesal, tratando de inducir a engaño a los jueces”. María José y José Manuel no tenían deuda alguna.

Según Stop Desnonamentas, esta familia en cuestión “ha sufrido hasta dos denuncias instrumentales y engañosas mediante el procedimiento de desahucio expres de alquiler aprobado por la ministra Carmen Chacón del PSOE en 2009, que genera tanta indefensión en los inquilinos y ventajas al propietario para desahuciar sin motivo”.

No debían nada a la propietaria y 

Han asegurado que esta familia “no debía ni un céntimo a la propiedad” sino que “en la cuenta del juzgado consta dinero de la familia que quedó depositado después de la primera demanda realizada por la propiedad”.

Aseguran que recibieron una carta del entonces abogado de la propietaria, en la que se le solicitaba que entregasen la vivienda para el uso de un familiar directo de la propietaria. El abogado de la familia respondió que no tenían objeción en entregarla pero que revisarían que en tres meses hubiera accedido un familiar directo a la vivienda, tal y como marca la ley o de lo contrario, demandarían para volver a la vivienda.

La “propietaria lo que quería era subir el precio del alquiler”

“Esa respuesta provocó el desistimiento de la propietaria porque en realidad no pretendía lo que decía sino subir el precio del alquiler”, explican desde Stop Desnonaments.

Del mismo modo, relatan que “a principios de 2018 la familia sufrió un problema puntual de liquidez, que llevó a algunos impagos, que la propiedad no tardó en demandar. La propietaria demandó “exagerando las cantidades” pero el abogado de la familia respondió a la demanda y logró contrarrestar parte de “la falsa deuda”.

La tasa de la incineradora, “otro motivo para echarlos”

Finalmente, en noviembre del pasado año, la familia recibe una nueva demanda en la que se les exige el pago de la tasa de la incineradora (TRSU), por importe de 160 euros. La propietaria no presenta requerimiento de pago ni factura alguna para justificar la reclamación, “pero el juzgado admite la demanda a trámite por error, inducido por la propietaria y su abogado”.

Curiosamente la tasa se pagaba siempre prorrateando con el alquiler, con recibos de 550 euros de alquiler más 10 de la tasa y la propiedad era plenamente consciente de ese acuerdo.

El abogado de los inquilinos no hizo bien su trabajo

En ese momento, la familia contrató de nuevo a un abogado que “respondió un poco más tarde de lo que le exigían los plazos judiciales, dando el juicio por perdido y quedando sin respuesta efectiva la estafa procesal de la propiedad”.

De esta forma, la familia tuvo que enfrentarse a un desahucio exprés para el 11 de enero “sin deber un céntimo y por una demanda presentada en noviembre”. El día del desahucio la comisión judicial llegó a un acuerdo con los inquilinos para realizar el desahucio el 18 de febrero, que se hizo efectivo envuelto en abundante polémica entre los agentes de la Policía Nacional y los activistas congregados para evitar que echaran de su casa a la familia.

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