Aprueban la normativa para la actividad de las VTC en Baleares

Los VTC deberán llevar la documentación acreditativa de la contratación (Foto: EP)
Los VTC deberán llevar la documentación acreditativa de la contratación (Foto: EP)

El Parlament ha validado en el pleno de este martes el Decreto ley de medidas urgentes sobre la explotación y control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor (VTC) y otras medidas de transporte terrestre, con 55 votos a favor y dos en contra. El documento aprobado establece las condiciones de funcionamiento de los VTC y establece que sus servicios estarán siempre condicionados a una contratación previa, que se fija en un mínimo de 30 minutos. Además, se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos y los consejos insulares puedan reducir este tiempo de contratación previa a 15 minutos.

En la regulación se establece también que los conductores de VTC no podrán circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hayan contratado previamente el servicio.

No podrán captar clientes fuera de las oficinas o locales de la empresa

Los VTC deberán llevar la documentación acreditativa de la contratación y, si esta ha sido telemática, también habrá que acreditar la contratación a través de la aplicación o documento digital correspondiente. Queda también prohibida la captación de clientes fuera de las oficinas o de los locales de la empresa.

En la regulación, en aplicación del real decreto estatal aprobado el mes de septiembre del año pasado, se establece que los VTC autorizados actualmente pueden seguir operando hasta el año 2023 como servicio urbano e interurbano, en las condiciones que ahora se fijan.

A partir de esta fecha, los ayuntamientos podrán establecer una normativa propia para la actividad de los vehículos de alquiler con conductor y, de no hacerlo, regirá lo que queda establecido en la norma recién aprobada.

El decreto ley determina también que las empresas que quieran hacer mediación y comercialización de los servicios de transporte con vehículos de hasta nueve plazas (se incluyen taxis y VTC) deberán tener autorización como empresas de transportes.

“Buscar un equilibrio”

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha señalado que el objetivo del Govern ha sido buscar un “equilibrio entre los dos sectores”, así como “hacer un camino donde todo el mundo entendiese que tenía que ceder para poder ganar”.

Asimismo, ha explicado que actualmente hay una demanda “muy alta” de nuevas licencias de VTC pero, según ha detallado, para dar cumplimiento a la promesa de equilibrio entre ambos sectores, desde 2012 “se han rechazado 640 solicitudes de autorización de VTC”.

“Esto permitirá dibujar este equilibrio partiendo de la idea de acuerdo entre ambos sectores que han decidido ponerse de acuerdo para afrontar los cambios que vienen”, ha añadido.

Núria Riera, del PP, ha señalado que se trata de “un tema importante” que siempre ha contado con los esfuerzos de los ‘populares’ para “conseguir el acuerdo y el consenso”.

Además, ha recordado que en 2004 el líder del PP en Baleares, Biel Company, fijó vía decreto “la proporcionalidad entre las licencias de taxi y VTC” y lo hizo “desde el consenso de las dos partes” para que ahora, a su juicio, el Gover haya optado por “seguir el camino que Company marcó”.

“Un trabajo esencial”

Carlos Saura, de Podemos, ha insistido en “la necesidad” de este decreto porque el trabajo de ambos sectores, tanto del VTC como del sector del taxi, es “esencial”. “No queremos precariedad ni abusos de las grandes compañías, queremos el sector del taxi como un sector público y digno”, ha añadido.

Por su parte, Toni Reus de MÉS per Mallorca ha apuntado que el servicio del taxi garantiza “un servicio a toda la ciudadanía”, por lo que ha defendido “los servicios públicos porque son una garantía de acceso para todas las personas”.

Jaume Font, de El PI, ha agradecido al conseller su trabajo ya que, a su juicio, durante esta legislatura se ha conseguido mejorar la relación entre taxistas y VTC”. “Votaremos a favor como no puede ser de otra manera”, ha añadido.

Damià Borràs, del PSIB, ha recalcado que no son “servicios complementarios” sino servicios “que compiten pero respetando la regulación”.

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