La funcionaria de Sineu acusada de utilizar su cargo para rebajar las mensualidades de un embargo judicial sobre su nómina ha negado este lunes durante el juicio que tuviera capacidad de dar ninguna orden, y ha mantenido que se limitó a comunicar en un escrito a la mancomunidad que según la normativa le correspondía un embargo menor. En este sentido, la mujer ha sostenido que ella no tenía potestad para dar una orden de ese tipo, ya que correspondería "al alcalde", y ha insistido en que solamente estaba informando de una normativa que ella creía que le beneficiaba. Así, ha argumentado que la reducción efectiva del embargo no fue su decisión.
Los hechos se remontan a 2008, cuando la mujer fue condenada por un Juzgado de Primera Instancia a pagar 12.340 euros (9.493 euros más los intereses) por una demanda relacionada con el alquiler de un local comercial. Para cobrarla, el Juzgado ordenó el embargo de su sueldo público y en varios meses le retuvieron 650 euros.
La acusada envió en 2011 un escrito para comunicar que según un Real Decreto Ley aprobado ese año, la nómina "tendrá una retención de 300 euros"
El fiscal ha enfatizado, durante sus preguntas, que la redacción del documento señalaba que se debía hacer así "hasta nueva orden". Este escrito iba firmado por la acusada como la secretaria-interventora y llevaba el sello y membrete oficiales del Ayuntamiento de Sineu.
Frente a esto, la acusada ha razonado que esta comunicación no era "un documento oficial" sino "un escrito" suyo "como empleada", porque "no crea ningún derecho ni tiene ningún efecto público".
"Yo pensaba que me era de aplicación una normativa", ha dicho la funcionaria, que ha reconocido que se pudo "equivocar" en esta interpretación del Real Decreto, pero ha añadido que "una equivocación no es un delito".
"Perdí mi vivienda"
La mujer ha explicado que con su sueldo vivían tres personas y que al cabo de unos meses fue desahuciada. "Perdí mi vivienda", ha asegurado.
Con todo, en otro punto del interrogatorio la acusada también ha sostenido que no tendría "sentido" que ella misma demorara los pagos porque entonces tendría que abonar más en intereses.
Además, ha dicho que en aquella época tenía "muchos problemas" en el Ayuntamiento porque "había detectado graves irregularidades contables" y la situación era "muy tensa".
Según su relato, detectó irregularidades en expedie.ntes que se "hacían desaparecer", por 100.000 €, por las que compareció como declarante ante el entonces fiscal Anticorrupción Pedro Horrach.
También ha indicado que presentó un recurso contencioso contra los presupuestos municipales porque, según su versión, no le dejaban fiscalizarlos
"Yo simplemente era un muñeco de trapo, que iba al pleno y levantaba acta", ha protestado, manifestando que "es una pena que la gente de Sineu no pueda saber dónde está ese dinero retraído".
En el juicio han comparecido como testigos dos alcaldes del municipio en aquella época, Josep Oliver y Pere Joan Jaume, y una funcionaria de administración, que han señalado que la mancomunidad funcionaba como una gestoría y elaboraba las nóminas con la información que le proporcionaba el Ayuntamiento.
En su turno de última palabra, la funcionaria enjuiciada les ha acusado de "mentir".
El Fiscal dice que "los hechos están absolutamente reconocidos"
Durante su informe final, el fiscal ha subrayado que "los hechos están absolutamente reconocidos", porque "se ha reconocido el documento esencial", la comunicación a la mancomunidad en la que, a juicio de la Fiscalía, la acusada actuaba "en su condición de funcionaria pública".
El fiscal ha incidido en que la propia acusada "admite que carece de competencia" para dar esa orden y ha considerado que se trata de "una resolución absolutamente arbitraria".
Piden cinco años de prisión
Por estos hechos, la Fiscalía le imputa un delito de desobediencia a la autoridad judicial y de falsedad documental, y le pide cinco años de prisión, un total de 10.800 euros de multa y la inhabilitación del cargo durante cinco años. Alternativamente, ha planteado que se condene a la acusada por un delito de prevaricación administrativa a diez años de inhabilitación para empleo público.
Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución argumentando que "no existe falsedad documental cuando no existe documento público" sino un "escrito", y que si la funcionaria no era competente para ello, el escrito simplemente "es nulo".
La letrada defensora ha dicho que fue la mancomunidad quien "no lo corrigió" y que "no hay ninguna desobediencia tajante a la orden judicial" porque la acusada "no se opuso a que se realizaran embargos", sino que solamente buscó "vías legales" para que se le embargara una cantidad menor.
