Crean un Sindicato para defender el derecho a un alquiler digno y asequible

Sindicato de Inquilinos de Mallorca (Foto: EP)
Sindicato de Inquilinos de Mallorca (Foto: EP)

El sindicato de Inquilinos de Mallorca se ha presentado con el objetivo de defender el derecho a la vivienda y a un alquiler «asequible, estable, seguro y digno» y, entre otras cuestiones, han propuesto contratos de 12 y 6 años para viviendas de grandes y pequeños propietarios. En su manifiesto, la entidad sostiene que nace como una iniciativa «independiente para combatir todos los abusos cotidianos legales e ilegales ejercidos por bancos, fondos buitres, administraciones públicas y muchos propietarios».

Además, el sindicato dotará de asesorías a los afiliados para «enfrentar problemas» relativos a contratos, temporalidad, fianzas, obras o condiciones de habitibilidad.

Plantean la posibilidad de convocar una «huelga de alquileres» para alcanzar «alquileres justos y dignos» 

Además, han censurado que el precio del alquiler ha subido un 40 por ciento en Mallorca que «contrasta con los bajos salarios medios de la población» y han asegurado que «la gente está siendo expulsada de sus casas, de sus barrios e incluso de sus islas».

En este sentido, han señalado las reformas de la Ley de Alquiler Urbano (LAU), la «exención de impuestos a grandes propietarios» mediante Socimis o el «rescate a la banca» como «medidas imprescindibles para hinchar la burbuja».

Por todo ello, el sindicato ha advertido de que contemplan la posibilidad de convocar una «huelga de alquileres» para alcanzar «alquileres justos y dignos» para la ciudadanía.

Índice de precios del alquiler y derogración del  ‘desahucio exprés’

Desde el Sindicato de Inquilinos de Mallorca han difundido una tabla reivindicativa de 14 puntos con diversas propuestas, como contratos de 12 y 6 años para las viviendas de grandes y pequeños propietarios; el establecimiento de un índice de precios del alquiler que tenga en cuenta la renta familiar; la imposición de un impuesto progresivo al alquiler; la obligatoriedad para la Administración Pública de «realojar» a las personas desahuciadas; o la derogación del ‘desahucio exprés’; o la expropiación por parte de las Administraciones públicas de pisos vacíos en manos de entidades bancarias, entre otras cuestiones.

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