Montaron una asociación de cannabis para no tener que ir al “mercado negro”

Los tres acusados durante el juicio (Foto: EP)
Los tres acusados durante el juicio (Foto: EP)

Desde hace muchos años, la hipotética legalización completa del cannabis divide a ciertos sectores de la sociedad. Unos apuestan porque sea legal argumentando su uso terapeutico para aliviar el dolor a enfermos crónicos o para impulsar una nueva industria que puede crear empleo. Otros abogan por el modelo actual basándose en los efectos secundarios que produce su consumo. Actualmente, el consumo de la popularmente conocida como marihuana es legal para su uso medicinal o científico es legal en países como Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Australia, Holanda o Jamaica, entre otros.

En España, su consumo está legalizado en privado (en espacios públicos implica una multa económica). La posesión legal puede alcanzar los 100 gramos mientras la venta es técnicamente ilegal pero está permitida en clubes canábicos. El cultivo es legal exclusivamente si es para consumo personal.

Los dirigentes de una asociación mallorquina se enfrentan a siete años de prisión

Este lunes, los dirigentes de una asociación de cannabis de Mallorca acusados de usarla para vender marihuana declararon durante el juicio en la Audiencia Provincial, que crearon la entidad para no tener que acudir al “mercado negro” y han defendido que todas sus plantaciones estaban comunicadas a la Guardia Civil.

El presidente, el secretario y el tesorero de la asociación- planteada para el estudio y la investigación del cannabis- se enfrentan a una pena de siete años de prisión por presuntos delitos contra la salud pública y de asociación ilícita.

La Fiscalía les acusa de poseer grandes plantaciones de marihuana en fincas de Llubí y Sineu, donde fueron intervenidos 81 kilos de sustancia en septiembre de 2015.

Evitar jugarse el pellejo en barrios “donde es delicado meterse”

El presidente y el secretario de la asociación han señalado que crearon la asociación para evitar recurrir al mercado negro porque eso implicaba desplazarse a barrios “donde es delicado meterse” y “te juegas el pellejo”.

“Nosotros no queremos eso, somos personas normales, éramos un grupo de amigos hartos de pasar estos malos ratos”, ha dicho el presidente, que ha sido el primero en declarar.

Los acusados han explicado que crearon la entidad siguiendo una guía de la Federación de Asociaciones Cannábicas y asesorados por un gabinete jurídico, además de “leer noticias en la prensa” y “ver vídeos en YouTube”.

Un centenar de socios

Han mantenido que el número de socios de la entidad osciló siempre sobre el centenar y, a preguntas del fiscal, el tesorero ha negado que llegaran a las 350 personas.

Para ser socio tomaban datos personales y exigían ser mayor de edad y consumidor. Para constatar esto último, se hacía una entrevista previa y era necesario contar con el aval de otra persona que ya fuera miembro de la asociación y que pudiera dar fe de que el solicitante era consumidor. Existía un descuento para socios que acreditaran uso terapéutico del cannabis.

Una planta por cada tres de ellos

El presidente de la asociación ha mantenido que “sólo se cultivaba para los socios que había, nunca de más”. La proporción era de una planta por cada tres socios, según ha indicado. También ha señalado que existía un “grupo de trabajo” para cada cultivo.

Los acusados han asegurado que el local de la asociación estaba lleno de carteles advirtiendo de que no se podía consumir fuera del mismo, y que contaban con taquillas para dejar los objetos personales y las cantidades de sustancia de cada socio.

“Evitar tentaciones”

Además, han manifestado que para retirar el cannabis los asociados tenían que rellenar un recibo con varios datos, entre ellos su DNI y la cantidad retirada, por lo que quedaba constancia en un registro. “Todo el mundo era consciente de lo que pasaba con la posesión del cannabis en la vía pública”, ha declarado el presidente.

También han señalado que informaban a las autoridades de las plantaciones y socios que tenían y que cuando fundaron la asociación se lo comunicaron al alcalde de Llubí en una reunión. Con todo, según el secretario, solamente informaban de las plantaciones a los mandos, “para evitar tentaciones”.

El secretario ha relatado las actividades que organizaban, como la vertiente política o conferencias sobre el cannabis

Además, ha explicado que la propiedad de los cultivos era de todos los socios y que en 2012 denunciaron la desaparición de algunas plantas.

En cuanto a las plantaciones de la asociación incautadas -los cultivos tenían carteles con el nombre de la entidad-, han indicado que en el momento de la intervención no eran aptas para el consumo, sino que el cultivo estaba “muy atrasado” y la humedad de Mallorca facilita la aparición de moho y otras afecciones que obligan a descartar las plantas “por motivos sanitarios”.

Iban “muy justos” en el plano económico

También han negado que fueran suyas unas plantas que fueron encontradas en un gallinero durante el operativo policial.

Por su parte, el tesorero ha señalado que en el plano económico iban “muy justos” y que no contrataron ni a vigilantes de seguridad ni a un ingeniero agrónomo, sino que cultivaban las plantas en base a su propia “experiencia”.

La Fiscalía pide a los acusados una pena de 7 años de prisión y una multa de 300.000 euros, además de la disolución de la entidad.

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