jueves. 28.03.2024

El desahucio previsto para este lunes por la mañana en una vivienda ubicada en el barrio palmesano de Son Gotleu, en concreto en la callde Tomàs Rullán, ha sido paralizado. Una decisión provisional que no satisface a los afectados -un matrimonio con un hijo y otro de camino- ni tampoco a la plataforma Stop Desahucios, que se ha desplazado hasta la vivienda a primera hora como señal de protesta.

Y es que este lunes no ha sido un día cualquiera para Julián, su esposa Juana -embarazada de 5 meses- ni para el pequeño hijo de ambos, de 5 años de edad. Unas cincuenta personas les han mostrado su apoyo llegando a las 09:30, dos horas antes del horario previsto para el desalojo.

Un alquiler social como objetivo

El portavoz de la plataforma, Joan Segura, ha asegurado a los medios presentes que este desahucio "es un crimen" puesto que la familia no tiene otra alternativa.

Por ello, desde Stop Desahucios reclaman como solución un alquiler social. "Queremos exigir que se firme un alquiler social inmediatamente con el fondo buitre", ha explicado Segura antes de asegurar que la familia "tiene una estupenda relación con todos los vecinos".

La entidad celebra la momentanea paralización del deshaucio si bien no hay que olvidar que todavía no hay señalada fecha para el próximo lanzamiento. Eso sí, los rumores entre los presentes han apuntado al próximo mes de mayo.

Fondo buitre

Según ha comentado Segura, la vivienda situada en la quinta planta del edificio pertenece al fondo buitre Coronas Project. Gestionado por la inmobiliaria Altamira, pertenece al Banco Santander.

La presión social que critican ciertos sectores ha resultado hoy clave para que Julián, Juana y su pequeño puedan seguir durmiendo, al menos por una noche más, en sus respectivas camas.

Sin incidentes... y con el recuerdo de Can Capes

Al contrario de lo sucedido el pasado 18 de febrero en un desahucio que acabó con carga policial, esta mañana no ha habido que lamentar incidentes. De hecho, en esta ocasión no han hecho ni acto de presencia los antidisurbios ni tampoco funcionarios judiciales.

Tras el informe de la Policía Nacional justificando la violenta acción contra los activistas que se congregaron en el número 6 de la calle Onofre Jaume para evitar un desahucio, la Asociación Stop Desahucios criticó el acoso que sufren “miles de familias, con diversas herramientas habituales que van desde el intento de engaño hasta la estafa procesal, tratando de inducir a engaño a los jueces”.  No hay que olvidar que los afectados María José y José Manuel no tenían deuda alguna.

En aquella ocasión que la tensión generó graves incidentes, la plataforma subrayó que esta familia en cuestión “ha sufrido hasta dos denuncias instrumentales y engañosas mediante el procedimiento de desahucio express de alquiler aprobado por la ministra Carmen Chacón del PSOE en 2009, que genera tanta indefensión en los inquilinos y ventajas al propietario para desahuciar sin motivo”.

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