martes. 19.03.2024
Miembros de la plataforma y de la familia afectada se concentraron este miércoles frente al Ayuntamiento de Llucmajor
Miembros de la plataforma y de la familia afectada se concentraron este miércoles frente al Ayuntamiento de Llucmajor

La familia de Santiago Ramos -compuesta por 14 personas, seis de ellas enfermos o discapacidades graves- han ganado algo de tiempo después del acuerdo alcanzado este jueves por el Ayuntamiento de Llucmajor y Abanca, la entidad propietaria del inmueble de donde iban a ser desahuciados el próximo 9 de mayo. En concreto siete meses. 

El Consistorio ha informado que el objetivo del nuevo plazo de ejecución es "encontrar soluciones para este caso". Horas antes el alcalde de Llucmajor, Gori Estarellas, había explicado horas que "se les han ofrecido mil, pero han dicho que no a todo".

Segundo desahucio aplazado

El primer edil del municipio ha recordado que la familia llegó hace unos meses, «pegó un golpe a una puerta y ocupó la vivienda que es de propiedad privada».

Sin embargo, ante la orden judicial de desahucio, desde el Ayuntamiento de Llucmajor y sus Servicios Sociales, «se consiguió parar el desahucio y tener un plazo de tres meses para encontrar una solución», en alusión al que estaba previsto en diciembre.

Desde el Consistorio también han explicado que, durante este tiempo, la familia ha recibido la visita de un trabajador social cada semana y que, además, «evitaron que les cortaran el agua y la han tenido sin pagar».

«La familia ha dicho a todo que no»

«Llucmajor no tiene viviendas sociales y, por eso, se les ofrecieron dos viviendas en los cuales la familia se separaba por núcleos, además de una residencia especial para las personas de la familia que necesitan asistencia», ha explicado Estarellas durante el pleno, añadiendo que «la familia ha dicho a todo que no».

«Nosotros no podemos hacer más que defender la propiedad privada porque es un derecho constitucional, y si esta propiedad privada es de un banco, mala suerte», ha concluido.

Los activistas plantan cara a modo de 'fact check' 

Poco después, la plataforma Stop Desahucios Mallorca -que se concentró este miércoles delante del Ayuntamiento de Llucmajor por «las mentiras del alcalde, la mala praxis de la trabajadora social Antonia Gari, del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y de Abanca, el banco rescatado que gana 400 millones al año»- ha respondido al alcalde a través de un comunicado.

Los activistas han asegurado que "la única solución que se les ha dado es desahuciar sin alternativa a la mitad de ellos".

Además, han apuntado que la familia "no pegó un golpe de puerta y ocuparon la vivienda", sino que "la vivienda estaba abandonada" y también han replicado que, en relación al agua, "llevaban meses sin ella" y "la conectó un bombero voluntario a raíz del primer intento de desahucio".

Asimismo han informado de que las movilizaciones continuarán hasta "parar el próximo desahucio del 9 de mayo o hasta que se consiga alternativa digna".

Aplazan siete meses el desahucio de la familia de 14 miembros en Llucmajor